Debería leer el juez Garzón el rotativo friki por excelencia para cuestionarse su propio proceder. Decía ayer Iñaki Zaragüeta en «La Razón» que «después de conocer la actuación del juez Baltasar Garzón, me pregunto cuántos empresarios deberían haber sido detenidos por pagar a ETA». Pregunta inquietante, sin duda.

Se preguntaba el autor: «¿Hay alguna razón especial por la que el juez estrella haya ordenado a la guardia civil arrestar a José Antonio Jainaga, consejero delegado del grupo siderúrgico Sidenor, porque supuestamente había entregado 90.000 euros a la banda terrorista como impuesto revolucionario?» El asunto estriba en que «la actuación del magistrado aparece relevante, ya que no ha sido habitual en modo alguno este tipo de decisiones. Se trata de una cuestión para la reflexión y la polémica». ¡Y tanto! Resulta que «quienes han optado por abonar la cuota fijada por los asesinos porque creían así defender mejor sus intereses y, sobre todo, su vida y la de sus familias no han sido reos de la condena social ni penal. Ha existido una especie de comprensión silente desde la sociedad y desde las autoridades judiciales y policiales». La copla empieza por donde dice el escriba: «Hay que pensar que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de todos los amenazados. Quizás el arresto de Jainaga esconda alguna circunstancia no desvelada, no en vano su descubrimiento proviene de la documentación incautada al jefe del `aparato político' de ETA. Si el Estado ha elegido la aplicación de la legalidad con todo rigor para enviarle a los asesinos un mensaje definitivo sobre lo que les deparará el futuro, es fácil prever discrepancias en el ámbito político y ciudadano. En ese caso se trataría de un gesto ejemplarizante con doble dirección: hacia los pistoleros y hacia quienes ceden a la extorsión». Ya se empieza a complicar el caso.

Y al final, la duda: «En cualquier caso me queda una pregunta transcendental que formular al Estado, incluido Baltasar Garzón. Si hay que actuar contra quienes pagan el impuesto revolucionario, ¿qué debe hacerse con quienes han permitido a ANV tener presencia y gestionar Ayuntamientos de Euskadi y Navarra cuando, gracias a esa decisión, la banda se embolsa millones de euros y tiene así solucionados problemas importantes a los que debería hacer frente sin esa fuente de financiación?». Kontxo! ¿Y la voluntad popular, qué?