El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguró ayer que no habría ordenado detener a empresarios vascos por realizar supuestos pagos a ETA. La semana pasada fueron retenidos durante varias horas por la Guardia Civil el ex consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el empresario azpeitiarra Jesús Guibert.

El domicilio de los dos empresarios y algunas de sus oficinas fueron registradas por el instituto militar y durante ese tiempo estuvieron retenidos. Asimismo, el domingo se conoció que el ex presidente de Sidenor, Sabino Arrieta, tuvo que declarar ante la Guardia Civil por los supuestos pagos a ETA. Arrieta compareció durante una hora en la comandancia de la Salve de la capital vizcaina, donde habría negado las acusaciones.

Garzón hizo alusión a los sumarios abiertos contra empresarios por supuestos pagos a ETA al inicio del seminario «La justicia penal universal. Avances y retrocesos», en el marco de los cursos de Verano 2008, organizados por la Universidad Complutense en la localidad madrileña de El Escorial.

El magistrado negó que haya emitido «ninguna orden de detención» y dirigió su respuesta a «algunos políticos y en particular a alguno nacionalista». Y es que la semana pasada Garzón recibió numerosas críticas por parte de las formaciones que conforman el Gobierno de Lakua y en particular, por parte del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, por su forma de actuar ante los empresarios.

En este sentido, denunció los «ataques» que, en su opinión, se han vertido en las últimas semanas sobre jueces y sobre la misma Audiencia Nacional, valorando que se hacen «de forma desmedida, desconsiderada y a falta de todo argumento».

«Insisto en que no he dado ninguna orden de detención a empresarios vascos», señaló. «Se produjeron dos detenciones por parte de la Guardia Civil que tienen su explicación, que serán informadas al juez y el juez tomará las decisiones correspondientes», explicó, para subrayar que tales investigaciones tienen relación con «hechos muy graves», como es, dijo, la «eventual financiación» de la organización armada.

Casi un mes en prisión

Las manifestaciones de Garzón coincidieron en el tiempo con la puesta en libertad de las empresarias guipuzcoanas Maribel y Blanca Bruño.

Tras permanecer durante casi un mes encarceladas, ayer por la tarde recuperaron la libertad tras previo pago de 20.000 euros cada una. A partir de ahora deberán acudir a firmar al juzgado cada semana.

El propio juez Garzón decretó el ingreso en prisión de las dos hermanas de Orio el 12 de junio tras acusarlas de haber realizado pagos «voluntarios» a ETA. En el auto, el magistrado español justificaba su decisión aportando como elemento incriminatorio una supuesta «proximidad ideológica» con la organización armada por parte de las dos hermanas. En este sentido, hacía referencia a que las dos hermanas habrían firmado por la plataforma Aukera Guztiak en 2005.

Al contrario que la semana pasada tras las actuaciones de Garzón contra los empresarios, ningún representante del Gobierno de Gasteiz se pronunció en contra del encarcelamiento de las dos hermanas de Orio.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, no salió hasta dos semanas después reclamando su puesta en libertad, tras salir el padre de las empresarias al paso de las afirmaciones que se habían realizado sobre ellas.