El comisario Juan Antonio Gil Rubiales, condenado en uno de los casos de torturas que más ha sacudido a la sociedad vasca, el que acabó con la vida de Joxe Arregi, falleció el lunes, y ha sido enterrado, con todos los honores, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que el torturador condenado es «honrado y condecorado», la víctima del martirio no cuenta con una plaza en su nombre. Así lo decidió, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Zizurkil, gobernado por el PNV tras excluir a la izquierda abertzale de la pugna electoral.

Una guardia de honor formada por miembros de la Policía española, Guardia Civil y de la Unidad de Intervención Policial, permaneció formada ante el féretro durante toda la celebración del entierro de Gil Rubiales. A la cita no faltaron autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban alcaldes de diferentes localidades de la isla y una nutrida representación de la Zona Militar de Canarias. Los sacerdotes, que celebraron la homilía, ensalzaron, incluso, la «entrega y amor» por su profesión del fallecido.

Una «entrega», que tal y como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 1989, conllevó malos tratos y torturas contra los detenidos, con la muerte del zizurkildarra Joxe Arregi como máximo exponente.

El día 13 de febrero de 1981 Arregi, que contaba entonces con 30 años, fue arrestado en Madrid por la Policía española y en virtud de la leyes «antiterroristas», permaneció nueve días en régimen de incomunicación. El noveno día, cuando fue trasladado a prisión, su cuerpo estaba reventado por completo. Las autoridades penitenciarias, atemorizadas por el aspecto que presentaba, dieron órdenes inmediatas de ingresarlo en la Prisión-Hospital de Carabanchel. De acuerdo con lo que declaró luego un alto cargo del Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernández Ordoñez, «Arregi llegó a Carabanchel destrozado».

Tres presos políticos, encarcelados en el mismo hospital, manifestaron que su estado era lamentable. «Sus párpados estaban totalmente amoratados, tenía un gran derrame en el ojo derecho, las manos hinchadas y los pies quemados» detallaron, recordando al tiempo las palabras de Arregi: «Oso latza izan da». Arregi les relató lo acaecido días antes: «Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes». Su cuerpo era un amasijo de llagas, moratones y quemaduras. Su estado era de tal gravedad que sólo logró sobrevivir unas horas.

Años más tarde, se hizo público un peculiar libro de memorias bajo el título "Yo maté a un etarra". El escrito, firmado por un comisario de Policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de «Daniel Abad», narra aquellos hechos con fragmentos como este: «Los policías se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima».

Nueve años después de los hechos y tras dos sentencias absolutorias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo español condenó a Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales a tres meses de arresto y tres y dos años, respectivamente, de suspensión de empleo y sueldo. La sentencia no se ejecutó de inmediato y el entonces ministro de Interior José Barrionuevo y su mano derecha Rafael Vera tuvieron especial mimo a la hora de proteger a sus funcionarios. Y Gil continuó ascendiendo en el particular ranking de la Policía española.

Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Policía en 1971 y permaneció destinado en las Comisarías de Donostia, Madrid e Iruñea hasta el año 1993, en que fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de la Xª Unidad de Intervención Policial (UIP). En 2005 llegó a asumir la responsabilidad de la Comisaría Provincial. Durante su trayectoria le ofrecieron «méritos» como la Medalla de Plata al Mérito Policial, un año después de la muerte de Arregi, o el de Caballero Legionario de Honor.

Las declaraciones realizadas por el propio Gil en setiembre de 2007, en las que ensalzaba la labor represiva de la Policía, no parece que tengan cabida ningún tipo de remordimiento ante sus acciones. Apuntó que esa función es necesaria «en cuanto se aplica a quienes violan la Ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales».

«Siempre será la plaza de Arregi»

La muerte de uno de los torturadores de Joxe Arregi y su consiguiente entierro, ha vuelto a hacer revivir aquellos acontecimientos de 1981. Además, ha coincidido en el tiempo, con la retirada del monolito edificado en recuerdo del militante vasco.

El pasado 14 de abril, el Consistorio de Zizurkil aprobó la moción que acordaba retirar los nombres de Joxe Arregi y Joselu Geresta, Ttotto, de dos plazas de la localidad. El Pleno se llevó a cabo a apuerta cerrada y custodiado por decenas de ertzainas pertrechados con material antidisturbio. La moción, que fue impulsada por el PNV, partido que dirige el Ayuntamiento tras la exclusión de la la izquierda abertzale, suscitó malestar entre los vecinos. Un malestar que se hizo presente de nuevo ayer.

Mikel Arrastoa, ex-alcalde y cabeza de lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones, declaró a GARA que el entierro rendido a Gil Rubiales pone de manifiesto «el Estado de derecho al que nos someten»; «un Estado que rinde homenaje a torturadores y humilla a sus víctimas» sentenció. Recordó también lo acaecido en abril, cuando el PNV «se apresuró, sin esperar al procedimiento», y ordenó retirar el nombre de las plazas.

Arrastoa, al hilo de la última decisión judicial sobre los nombres de plazas y calles, aseguró que volverán al Ayuntamiento para dar una salida a este conflicto.

Sin embargo, destacó que «pase lo pase, para los zizurkildarras siempre serán las plazas de Ttotto y Arregi».