Decenas de personas se congregaron ayer ante la Subdelegación del Gobierno español en Gipuzkoa, donde estaban citados los propietarios de las tierras afectadas y los alcaldes de Beasain, Ordizia, Itsasondo y Legorreta para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos del tramo Ordizia-Itsasondo.

Sin embargo, los alcaldes de Itsasondo y Legorreta optaron por no acudir a la cita. Tal y como afirmaron en la rueda de prensa ofrecida esta misma semana, el hecho de firmar la actas en la Subdelegación «conlleva una doble supresión de derechos: por un lado, los de los ayuntamientos; y, por otro, los de los propietarios de terrenos a expropiar».

Por ello, enviaron una carta a la Subdelegación del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para exigir que «sobre todo respeten los derechos de los propietarios y que, en lugar de llevar a cabo el levantamiento de actas sobre unos planos en un despacho, se haga en las tierras a expropiar». No sólo los alcaldes, desde AHT Gelditu! Elkarlana se aseguró que al menos uno de los propietarios ha exigido que el levantamiento de actas se realice en sus tierras.

Elkarlana, ayer tarde desconocía qué había sucedido dentro de los despachos. Los alcaldes de Beasain y Ordizia habían manifestado de antemano su inteción de acudir a la cita y firmar las actas, pese a que varios concejales de Goierri les pidiesen públicamente que se negasen a estampar su firma. Lo que es evidente es que no se rubricaron las actas relativas a las tierras de Itsasondo y Legorreta, por la ausencia de los primeros ediles de las dos localidades.

Desde AHT Gelditu! Elkarlana se criticó la desinformación y el oscurantismo en torno a este proyecto: «No sabemos lo que habrá ocurrido con las supuestas expropiaciones del barrio Erauskin, pues aunque hayan sido llamados a presentarse para hacer efectiva la expropiación, todavía la semana pasada el alcalde de Beasain afirmaba estar `casi seguro' de que el vertedero asignado en el proyecto constructivo no se haría allí».

Ante estas declaraciones se preguntaban: «¿Cómo es posible que un proyecto que supone que debe cumplir al menos unas garantías técnicas, esté en fase de ejecución, y aún se ponga en duda dónde irán a parar los 400.000 metros cúbicos del túnel de 2,8 kilómetros?».