Se entiende que una persona sin oficio ni beneficio es aquella que no aporta nada de provecho a la comunidad en la que participa; desarrolla una labor que podríamos calificar de oficio, ya sea oficial u oficiosa, y aparece en la nómina de un grupo concreto. Aquí hablaremos de alguien que ejerce de sociólogo en una institución académica vasca. Como lo que importa no es su persona, sino su ejemplar comportamiento, omitiré nombre y apellidos.

Tomemos como hipótesis que una universidad financiada con el dinero de todos los contribuyentes crea un departamento que, entre otras funciones, tiene como deber realizar estudios sobre la intención de voto del electorado. Pongamos que, una vez realizado el sondeo pertinente, decide interpretar los datos de la siguiente manera: hay unas 100.000 personas que quieren votar a la opción H, pero tanto el contexto político como la experiencia acumulada aportan suficientes indicios que nos hacen presuponer que esa opción será ilegalizada. A partir de ahí -sin valorar si su cálculo es erróneo o no-, al menos hay dos proyecciones posibles: hacer un reparto de la cámara en base a la opinión recabada entre el electorado, obviando la supuesta consecuencia de una posible ilegalización, o hacer desaparecer a la opción H del reparto de escaños. Ambas opciones deberían estar justificadas.

El departamento de la UPV que ha realizado el último Euskobarómetro ha optado por eliminar a la izquierda abertzale del reparto alegando que «todo apunta que se quedaría fuera del Parlamento y promovería, de nuevo, la abstención». Al ínclito personaje que dirige este estudio se le conoce oficio; el beneficio personal y político que obtiene de su función «académica» se le presupone; y el desperdicio consiste en que más de 100.000 contribuyentes, muchos más, están financiando la labor de alguien que ayer se mostraba muy contento porque la izquierda abertzale no seguirá «haciendo chantaje» en la Cámara de Gasteiz. Ya ven para qué sirve ser adivino: para sentarse en una cátedra.