La mayoría de las vascas y vascos viven regidos por una Constitución que nunca tuvieron posibilidad de votar. En diciembre de 1978 eran menores o no habían nacido y hoy constituyen ya más de la mitad del electorado.

Según los últimos datos del Eustat, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa las personas que tuvieron la oportunidad de votar la Constitución española, es decir, las que tienen más de 48 años, son 886.135. Las que están entre los 18 y los 48 años, son 916.379. A tenor de los datos del INE, en Nafarroa hay -según el padrón de 1 de enero de 2007- 244.596 mayores de 48 años y 269.912 personas que eran menores o no habían nacido en 1978.

Esto significa que en el conjunto de Hego Euskal Herria viven en la actualidad 1.130.731 personas que tuvieron la posibilidad de votar la Constitución española, mientras que ascienden a 1.186.291 aquellas a las que nunca se les ha dado la oportunidad de opinar sobre la misma.

Este cambio generacional, que se ha producido en los últimos dos años, da lugar también a un debate sobre si los saltos demográficos deben acompañarse de cambios políticos. GARA se ha puesto en contacto con sociólogos y políticos para preguntarles si creen que el hecho de que el vigente marco político no pudiera ser votado por la mayoría de la población actual cuestiona la legitimidad del mismo, sobre si consideran que debe haber algún tipo de renovación de esa legitimidad a lo largo de los años y si esa revisión debe darse sólo por motivos demográficos o también por otras cuestiones.

El parlamentario de EA y vicepresidente del Parlamento de Gasteiz, Rafael Larreina, considera que «de entrada la legitimidad de un marco jurídico-político no se cuestiona en base a que la población actual no lo haya votado. Tenemos la experiencia de países de larga raigambre democrática que mantienen sus constituciones inalterables a lo largo de generaciones». Sin embargo, subraya también que «la española se aprobó en un momento muy delicado», a la salida de una dictadura y con «un alto riesgo de involución». Y recuerda que ese texto, aunque «supuso un avance importante en derechos individuales», no recogió otros como el de autodeterminación, lo que «tuvo como consecuencia que no obtuviese el respaldo democrático necesario en Euskal Herria».

También la parlamentaria de Ezker Abertzalea Itziar Basterrika mantiene que el mayor déficit de legitimidad de la Constitución del 78 no es demográfico o de cambio generacional, sino la evidencia de que la mayoría de la ciudadanía vasca la rechazó en aquel referéndum de hace 30 años «porque niega la propia existencia de nuestro pueblo y nos impide decidir sobre nuestro futuro». Pero, además, el hecho de que la mayoría de la población actual no se hubiera podido pronunciar sobre el marco incrementa las dudas sobre su legitimidad, según indica Basterrika.

No es de la misma opinión el catedrático de la UPV-EHU y parlamentario del PSE Antonio Rivera, para quien «el interés principal que suscitan» las preguntas que le trasmitimos «radica en el hecho de que se puedan formular así». A su entender, esto refleja que «vivimos en un país donde bajo el dogma del `¿qué tiene de malo?' todo puede afirmarse. Y el problema no es que cualquier cosa pueda sostenerse si ello sirve para, precisamente, cuestionar y derribar dogmas, sino si cualquier cosa puede sostenerse, por disparatada que sea, con lo cual, si todo vale, nada es válido y todo es la misma nada».

Según Rivera, «es un problema intelectual, salvo que sea política la triple pregunta y tras de su aparente e insólita ingenuidad se esconda un sofisma intencionado: buscar cualquier excusa para cuestionar el status quo vigente. Por respeto intelectual al sofista, prefiero que vaya por ahí antes que por la simple y escueta invocación de la triple pregunta y de la lógica que lleva a ella».

Renovación de la legitimidad

Sobre la necesidad de que cada cierto tiempo se proceda a algún tipo de renovación de la legitimidad de los marcos vigentes, Itziar Basterrika sostiene, sin ninguna duda, «que esto debiera ser así», y lo defiende para cualquier marco democrático, pero sobre todo para uno, como el español, «en el que Franco y sus sustitutos lo dejaron todo atado y bien atado».

Le contradice Antonio Rivera, quien sostiene que «cualquier razón o argumento es más válido para cuestionar lo existente que el hecho de que éste tenga por fecha de constitución o inicio una en la que no estaban físicamente la mitad de los ahora censados. Una generación son veinticinco años y dos, cincuenta. Si las sociedades tuvieran por fuerza que reconstituirse en esos plazos de tiempo, la existencia de las mismas y su continuidad sería una quimera».

Rafael Larreina mantiene, por su parte, que «los marcos jurídico-políticos hay que revisarlos fundamentalmente por razones políticas: tanto si es porque hoy ya no responden a las expectativas y voluntad de quienes lo aprobaron en su día, como si es porque hoy no responden a los deseos, necesidades y voluntad actual de la ciudadanía».

Cambio de marco

También Itziar Basterrika comparte que el motivo principal para buscar un cambio de marco es político. A su entender, «después de 30 años se ha visto con claridad que en este marco no podemos construir nuestro pueblo». Y pone como ejemplo que muchos de los escolares actuales salen de la enseñanza obligatoria sin dominar el euskara. Por eso critica no sólo los topes constitucionales, sino también los de los estatutos «que algunos presentaron como un paso hacia la independencia y que se han demostrado como un camino de asimilación de Euskal Herria por España».

Desde EA, Rafael Larreina sostiene la legitimidad del Estatuto, en su opinión, fraudulentamente mutilado por el Estado. Por ello defiende la necesidad de un nuevo marco que «dé respuesta al núcleo del conflicto político entre Euskal Herria y el Estado, abordando la cuestión de la territorialidad y el derecho a decidir de la sociedad vasca», y contando, añade, con toda la ciudadanía.

En este sentido, Antonio Rivera apunta que «si, por el contrario, a uno no le gusta lo que hay, tendrá que ganar la mayoría correspondiente para cambiarlo».

Y volviendo a las preguntas planteadas por el periodista, el parlamentario del PSE insiste en que ese cambio de mayoría habrá de hacerse «sobre bases argumentales, razonables, mayoritarias de voluntad ciudadana expresada, no demográficas (demagógicas en este caso)».