El primer problema es el constitucional, no el demográfico, y se halla inserto en su propia génesis. Primero, ¿dónde se asienta el poder constituyente español? En un pacto constitutivo, basado en el modelo del código napoleónico, y en una transición hacia un modelo de democracia parlamentaria. Mientras que la parte nacionalista vasca no tiene en cuenta la dinámica constituyente que se produce en su propio territorio y es incapaz de contraponer un proceso constitutivo paralelo, una constitución propia refrendada multitudinariamente en las instituciones locales, sociales y políticas, así como por la propia población (lo que ya de primeras supone una aceptación de facto, por régimen de subsidiaridad legislativa, de lo que se intenta imponer como modelo constitucional español). Es evidente que lo que está detrás es la garantía de la unidad patria que establecen las FFAA (como muy bien se verá tras el 23-F con el parón que supone del desarrollo competencial estatutario).

Lo del votar sí, no o abstenerse (opción mayoritaria lógica por no ir con nosotros los vascos esta Constitución española) y luego la contradicción de refrendar el Estatuto, por parte del PNV y las fuerzas constitucionalistas, lo que de hecho hace es redundar esa aceptación del marco constitutivo que se está estableciendo. Proceso de traición que, conformándose con la gestión de lo dado (e inmediatamente recortado), es capaz de llegar hasta a obviar la cumplimentación del marco estatutario establecido como norma de ley por la propia Constitución española.

¿Qué ha sucedido desde entonces? El independentismo sube y el conflicto se mantiene hasta el grado de que el Estado español hurta al pueblo vasco su derecho al sufragio universal, negando la posibilidad de representación a una parte considerable del mismo. Pero, incluso, con la utilización de este procedimiento de excepción (Ley de Partidos), el problema de legitimidad del marco de relaciones entre el Estado español y los vascos sigue en cuestión. Lo mismo que para el Estado español sigue estando en cuestión cualquier iniciativa que pretenda reformular esta relación modificando la Constitución, constituida inicialmente con el consentimiento estatutario subsidiario de parte de las fuerzas políticas vascas, a excepción de la izquierda abertzale.

Ya son más los que no pudieron votar en el referéndum constitucional que estableció la Constitución española. Y son dos las cohortes generacionales que han dado el vuelco en las opiniones de la población vasca al respecto, inclinando la balanza mayoritariamente del lado de quienes consideran que la Constitución española y el Estatuto subsidiario no son válidos para garantizar las aspiraciones de autogobierno del pueblo vasco. Bien sea porque consideran que su desarrollo es insuficiente o porque aspiran a la independencia. La legitimidad del marco está en quiebra entre un amplio porcentaje de vascos (no entre los españoles, que deberían preocuparse por el desarrollo restrictivo que el marco constitucional propio establece en relación a las libertades públicas, pero que en su gran mayoría no lo hacen, tomando a la Constitución como un dogma sagrado; lo cuál también tiene que ver con el cómo es inducido este planteamiento política y mediáticamente) y de ahí que se articule de la forma que lo hace la respuesta del Estado.

Todo código debería ser continuamente revisado y en especial las partes que establecen las reglas del juego de relaciones entre supuestos distintos (si no -y a la inversa-, a qué responde el Estatuto, si no es al establecimiento de límites a la voluntad autodeterminista del pueblo vasco), sobre todo cuando los diferentes, en este caso los vascos (qué le vamos a hacer), no están de acuerdo en sentirse subsidiarios a las reglas que otros les imponen unilateralmente, y a las que ni tan siquiera han votado, contando con la inestimable colaboración de la parte más interesada y posibilista del nacionalismo vasco. La población vasca actual, a pesar del descreimiento y la superficialidad a la que ha sido inducida (hasta por sus propios conciudadanos), sigue manteniendo la quiebra con el Estado español en relación al marco de relaciones conjuntas que se debe establecer. Son ya más los que no pudieron votar al Estatuto y la Constitución y, aunque sus expresiones hayan sido proscritas, más numerosos los independentistas. Los problemas persisten cuando no hay voluntad de solución y esto no tiene que ver con el Plan Ibarretxe, sino con que hay un pueblo con voluntad de ser por sí mismo.

Otro tema es cómo debería ser la constitución vasca, que no tiene por qué seguir -dada nuestra propia experiencia constituyente, institucional y constitutiva (batzarre, auzolan, territorios históricos)- los mismos parámetros que la española.