A la hora de analizar el marco constitucional español vigente, hay que recordar que el resultado del referéndum en los cuatro territorios de Euskadi sur quedó «bajo mínimos». Desde entonces hasta ahora, ese marco constitucional, lejos de haber desarrollado y profundizado en libertades y derechos fundamentales de las personas y de las realidades nacionales que contiene, ha sufrido una mutación regresiva que lo ha dejado sometido a un diseño político elaborado y compartido en sus principales bases por el PSOE y el PP. Se ha utilizado la Constitución como un instrumento de poder, de forma que el principio democrático ha quedado absolutamente recortado; por no decir desaparecido.

Desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta y firmó, junto con el PSOE, el denominado «Pacto por las libertades y contra el terrorismo», se ha producido una degradación del sistema democrático que ha llegado a unos límites inconcebibles; y esto supone, de facto, un verdadero cambio o mutación de la Constitución. Como consecuencia del mismo, se ha clausurado o cerrado el espacio para la libre discusión pública en todo lo que tenga que ver con la organización territorial del Estado; y el principio de separación de poderes es ya una mera diferenciación simbólica entre órganos cuya composición y actuación responden a un mismo impulso y se orientan en la misma dirección. El respeto al principio democrático se ha sustituido por la estrategia de la asimilación del diseño establecido por los dos grandes partidos «nacionales» españoles.

Ante esta situación, resulta imprescindible conformar una estrategia política y democrática que sitúe al Pueblo vasco como un pueblo con derecho a decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad, democráticamente expresada, sea respetada por el Estado.

Hay que rescatar, hacer valer y compartir que el principio democrático exige dotar a la expresión clara de la voluntad de los ciudadanos vascos de un valor relevante. Y el respeto a esa voluntad debe dar lugar al nacimiento de una obligación recíproca de las partes de negociar los ajustes constitucionales para responder al deseo expresado.

El principio democrático y la libre adhesión constituyen los pilares de un marco constitucional que pretenda profundizar en la democracia. Pero el PSOE y el PP apuestan, cada vez más, por un modelo de estado de estructura uninacional que no contempla otra realidad que la suya propia; un modelo que busca, a través de la asimilación por agotamiento, la dilución de realidades nacionales -como la vasca- preexistentes a la Constitución española.

En este contexto, la articulación efectiva de un proceso de normalización política significa liderar un proceso de reinstitucionalización sobre la base de una nueva legitimidad política sustentada en la centralidad que implica la realización de la consulta popular. El hecho mismo de la consulta popular, aunque inicialmente no tenga carácter vinculante jurídicamente, conlleva desarrollar la capacidad exclusiva que tiene un pueblo de proclamarse existente, de dar testimonio válido de sí mismo sin injerencias extrañas y, consiguientemente, el derecho a que este testimonio sea reconocido por los demás y aceptado como tal con todas las consecuencias.