La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral analizó el pasado jueves «El problema de la siniestralidad laboral. La prevención de los riesgos laborales como compromiso», en un acto en el Museo Guggenheim, donde sobraron trajes de marca y corbatas, pero faltaron buzos.

Tras el «show» inicial del ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que estuvo acompañado de los líderes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, entre otros, la «vigilante» presencia del ex de Interior, José Luis Corcuera, y la llegada de Josu Jon Imaz, como presidente de Petronor, y del mediático circustancial en las últimas semanas, José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, el encuentro mostró las carencias más importantes existentes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en las empresas.

La jornada sirvió para constatar varios hechos fundamentales. El primero, que el ministro español Corbacho mantiene viva la imagen del acuerdo que el Gobierno español cerró con UGT, CCOO y las patronales CEOE y Cepyme, en cuanto a la estrategia sobre Seguridad y Salud Laboral hasta el 2011, pero que después de un año de vigencia «no ha movido ficha», como denunciaron los representantes de Salud Laboral de CCOO, Fernando Rodrigo, y Dolors Hernández, de UGT, socios de la foto.

Corbacho tampoco obtuvo el placet de los sindicalistas, cuando se refirió a que la incidencia de la siniestralidad mortal ha disminuido en el Estado español a 5,3 accidentes por cada 100.000 trabajadores, cuando en la UE de los Quince se encuentra en 3,4, es decir un 56% por debajo del Estado español. Ni cuando valoró de forma positiva la disminución de la siniestralidad en 2007 dejando traslucir una sonrisa cómplice con la actuación del Gobierno español que, según dijo, tiene a la salud laboral entre «las principales preocupaciones». La razón del descontento de los firmantes de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral fue que en 2008 los datos «son preocupantes», porque la siniestralidad mortal ha aumentado en los cinco primeros meses de este año por encima del 5,8%, por lo que sobran los triunfalismos fáciles.

Derecho a la vida

El mayor varapalo hacia lo que se está haciendo en materia de salud laboral llegó de la mano de Juan Manuel de Oña Navarro, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coordinador de Siniestralidad Laboral, y de Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo general del Poder Judicial, magistrado de la Sala 4ª de los Social del Tribunal Supremo. Este segundo explicó con extraordinaria claridad que «se tienen que poner los medios adecuados para que no se produzcan los accidentes», es decir, anteponer la prevención.

«No se puede poner en peligro de forma constante el derecho a la vida de los trabajadores», afirmó, y recordó a los presentes que en el Estado español mueren «entre dos y tres trabajadores al día, sin contar los accidentes en el trayecto. En este caso, recordó que la OIT ha expresado en repetidas ocasiones que el 80% de los accidentes laborales «son evitables», por lo que se preguntó «porqué no se aplica». No sólo acorraló a los empresarios por la falta de medidas de prevención, sino que dijo que «en el ámbito Social, que es la vía más rápida, no se está dando una tutela judicial adecuada» y citó varias sentencias contradictorias.

Exigió, en este caso, una Ley Integral de la Seguridad Laboral, que incluya todos los supuestos, porque «se debe garantizar la vida y la integridad física de los trabajadores. En un Estado de Derecho es una obligación». Y terminó diciendo que «el verdadero empresario no es quien incumple la ley de prevención» y aseguró que «éstos hacen la competencia desleal al resto».

El fiscal López Oña recordó, por otro lado, que «se debe de huir de la tentación que la siniestralidad es el precio que se debe pagar por el avance económico».

Miguel Lazpiur, vicepresidente de CEIE y Confebask, hizo oídos sordos a esas recomendaciones y recordó que sólo un 20% de las empresas son las que tienen accidentes, lo que es mínimo para él, y precisó que hay una normativa «excesiva».