Desde hace años venimos afrontando propuestas de directivas europeas de corte neoliberal que, por un lado, pretenden contrarrestar todo tipo de directivas de carácter social y, por otro lado, erosionar la Europa social que tanto costó construir. Un buen ejemplo lo vimos en 2004 con la propuesta de directiva sobre el mercado de servicios, conocida como la «directiva Bolkestein», que pretendía facilitar que se prestaran servicios en un país con las condiciones laborales inferiores del país de origen. Tras muchas movilizaciones esta directiva se aprobó recortada, aunque recientes sentencias del Tribunal Europeo abren vías de avance a estas regresivas medidas que destrozan las garantías laborales de los países con legislaciones más dignas y avanzadas.

El pasado 9 de junio los ministros de Empleo de la UE acordaron una propuesta que permitirá a cada país alterar sus leyes laborales para elevar el tope de la semana laboral de las actuales 48 hasta las 60 horas, incluso a 78 horas para colectivos específicos. La legislación todavía vigente es un derecho social conseguido gracias a lucha de las y los trabajadores, que fue consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1917. Esta proposición, encabezada por Alemania y Gran Bretaña, da la espalda a la historia social europea y erosiona los derechos laborales conseguidos durante siglos, haciendo un ciclo circular en el que volvemos hacia la tendencia del siglo XIX en Europa (o la actual en buena parte del planeta) donde los poderes económicos tienen patente de corso para aumentar beneficios bajo controles mínimos. Esta agresión a las mayorías sociales tendrá consecuencias muy negativas para nuestra calidad de vida, colectiva y personal.

Los estados miembros permitirían que se alcancen acuerdos individuales con las empresas, minorizando las legislaciones colectivas y fomentando unas relaciones individualizadas. En esta relación laboral individualizada, no hace falta ser muy listo para saber quién es la parte más débil. Aquí, por ejemplo, esta propuesta atentaría contra la Constitución española y el derecho a la negociación colectiva, introduciendo la posibilidad de que una persona renuncie a sus derechos.

En primer lugar la propuesta supone volver a definir el concepto de tiempo de trabajo. La directiva vigente lo define así: «todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales». En la nueva propuesta quedaría así: «no considerar tiempo de trabajo los períodos que aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando requeridos, no se esté realizando un trabajo efectivo» (descansos en el transporte, guardias médicas...).

Además pretende incrementar la jornada laboral a 60 horas y 65 o 78 horas semanales para los colectivos on-call (servicios de emergencia, sanitarios...). Actualmente está en vigor la Directiva 104/93/CE de ordenación del tiempo de trabajo, que establece el máximo de 48 horas semanales en todos los países de la UE. Países como Francia y España han adaptado la actual directiva fijando máximos inferiores: 35 y 40 horas respectivamente.

Por último, se introduce la llamada cláusula opt-out. Se trata de un pacto privado por el cual trabajadora y empresa pueden firmar un incremento de la jornada. Esta medida ahonda claramente en la precarización del empleo y asienta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que las empresas impongan de forma individual a cada trabajadora y trabajador su tiempo de trabajo. Con esta propuesta de la Comisión Europea se pretende incrementar la jornada laboral mediante cláusulas opt-out, lo que permitiría alcanzar las 60 horas semanales para cualquier sector, y prevé (para los servicios de urgencias y médicos) la posibilidad de ampliarla hasta las 65 horas, mediante acuerdo privado; e incluso hasta 78 horas cuando así lo recoja un convenio colectivo. Esta fórmula busca legitimar y ocultar un incremento efectivo de la jornada de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido. O, aún conservando la jornada de 48 horas, modificar el periodo de referencia para su cómputo. Se retiran las salvaguardas que existían y establece un período de cómputo de 12 meses. De esta forma, la jornada no sería de 48 horas semanales, sino que esto sería la media anual por semanas, permitiendo a las empresas imponer jornadas más amplias, turnos irregulares... Cuanto mayor es el período, mayor es el riesgo de que las y los trabajadores se vean sometidos a jornadas abusivas.

Cualquier persona con un pensamiento crítico, conciencia social y que sepa como funciona el mercado laboral puede ver la gravedad de estas medidas. Por todo ello es necesario frenar en todos los niveles estas propuestas. Desde las instituciones, con pronunciamientos de los ayuntamientos, gobiernos y parlamentos. Exigir a los eurodiputados el voto contrario cuando la propuesta llegue al Parlamento Europeo (hay que recordar que el ministro de Trabajo español se abstuvo en la reunión de los 27). Desde el sindicalismo y la sociedad en general, planteando a los grandes aparatos sindicales que conforman la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que es el momento de proponer protestas ya. ¿Por qué no una convocatoria de huelga europea? ¿A qué esperan la CES y sus miembros?

El contexto no es el más adecuado, con una crisis económica que no sabemos hasta donde llegará y que, como en otros momentos de la historia europea, trae consigo reacciones de pensamiento muy peligrosas en las bases más humildes y trabajadoras del continente, tendentes a reducir la solidaridad, las medidas igualitaristas, y buscando chivos expiatorios como hemos visto con la directiva de retorno de inmigrantes.