Hoy se cumple el décimo aniversario del cierre político, judicial y policial de «Egin» y Egin Irratia. Es obvio que nada comenzó ni nada terminó aquella madrugada de infausto recuerdo. El Estado español, sus diferentes gobiernos, habían activado mucho antes todas las estructuras estatales y paraestatales en su ofensiva contra cualquier atisbo de defensa y construcción de Euskal Herria. Meses antes de aquella madrugada del 15 de julio de 1998, por ejemplo, era encarcelada la Mesa Nacional de Herri Batasuna. En la misma línea, lo ocurrido después, lo ocurrido en estos diez últimos años, es bien conocido por todos, y la premisa principal, la ausencia de un Estado de Derecho, es hoy, como entonces, básicamente la misma.

En estas fechas tendemos a ensimismarnos no pocas veces en los factores negativos, sin caer en la cuenta de todo lo que se ha hecho, ni valorar en toda su dimensión lo que se está haciendo, como pasos imprescindibles para perfilar correctamente lo que queda por avanzar (que, a la vista está, no es poco). Los pilares sobre los que se asienta el presente y el futuro de Euskal Herria (en todos sus ámbitos: social, económico, político... incluso comunicativo) son hoy más sólidos.

Tan sólidos como la exigencia de reparaciones por los desmanes perpetrados ayer, hoy y (con toda seguridad) mañana, cuestión ésta que viene al pelo si retomamos el cierre de «Egin» y comprobamos, por ejemplo, quiénes siguen sufriendo las consecuencias directas e indirectas de aquella «tropelía» (según la definición plasmada por Alfonso Sastre en estas páginas). Entre éstos se encuentran, obviamente, las personas condenadas y encarceladas, así como los ex trabajadores de aquel periódico, y también, es necesario subrayarlo hoy, la cabecera de éste que ahora tienen entre sus manos, GARA, a quien el Estado español sigue reclamando impunemente el pago de la deuda con la Seguridad Social atribuida a «Egin».

El Estado de Derecho es otra cosa.