A principios de año, como todos los años, Médicos Sin Fronteras levantaba acta y denunciaba el dramático balance de sufrimiento de muchos conflictos enquistados ante la pasividad de eso que llaman comunidad internacional. Darfur, una vez más, era protagonista al cumplirse cinco años de conflicto, un contexto cada vez más complejo y una constatación urgente: en los campos de desplazados o en las zonas aisladas a las que las organizaciones humanitarias no tenían acceso, la población era casi totalmente dependiente de la ayuda internacional. Ahora, la decisión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, de solicitar una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bachir, por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto de Darfur (que ha causado centenares de miles de muertos y el desplazamiento de casi tres millones de personas), ha provocado a su vez la «suspensión indefinida» de actividades de la misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID). ¿Qué sucederá con las decenas de miles de personas que dependen de la ayuda internacional? ¿Cómo van a responder Naciones Unidas y la Unión Europea -siempre prometiendo ayudas pero sin llegar a ser un sujeto activo- a una crisis política que podían haber previsto con mucha antelación? Y una más, ¿cómo afecta a la credibilidad del Tribunal Penal Internacional la estampida de la ONU? Tanto ésta como la UE siguen perdiendo un tiempo precioso.