No tengo ni idea de qué tipo de persona era Jose Diego Yllanes Vizcay, el autor confeso de la muerte de Nagore Laffage, antes de cometer el crimen. Por el tipo de trabajo que desempeñaba, supongo que estaría especialmente entrenado para enfrentarse a situaciones de estrés y alta tensión emocional. Ya sé que el hecho de que trabajara en el ámbito de la psiquiatría no significa contar con un aval que nos haga presuponer que la conducta y comportamiento de Yllanes nunca franqueaban la línea roja del derecho a la igualdad de mujeres y hombres. Puede que incluso Jose Diego hiciera gala de una saludable normalidad armónica con su entorno laboral y relacional... Y aún siendo así, ¿por qué acabó con la vida de Nagore, intentando ocultar el crimen y los rastros que condujeran hacia su persona?

A la mayoría de la gente le resulta difícil aceptar que un joven de 27 años haya podido llevar a cabo un acto tan brutal y macabro. Y es que Yllanes pertenece a la generación educada en una escuela no segregada y socializada bajo el lema de la igualdad de oportunidades y de derechos de mujeres y hombres.

No sé hasta qué punto era previsible lo que iba a ocurrir, ni cuánto de premeditación hubo en la forma de actuar de Jose Diego. Al recurrir a la violencia, éste se negó a situar a Nagore en un pie de igualdad, y le negó a su vez el derecho a decidir por sí misma lo que estaba o no dispuesta a compartir con él. Además, le negó su cualidad y calidad de sujeto autónomo con capacidad de decidir, sin coerción, sin amenazas, sin violencia.

El asesinato de Nagore reabre el debate social sobre las violencias ejercidas contra las mujeres, sobre las diferencias de apreciación cultural y personal relacionadas con determinadas cuestiones, como acudir a determinados lugares, aceptar ciertas proposiciones o tomar la iniciativa. En función de nuestra reacción subjetiva ante estos hechos, formularemos una u otra respuesta colectiva: más autocontrol por parte de las mujeres, autorregulándonos a la hora de frecuentar determinados lugares o ambientes; fortalecimiento del orden penal, estableciendo la cadena perpetua, sin posibilidad de redención de pena, listas públicas de maltratadores de mujeres, etc.

Ante el fracaso de ciertas políticas públicas encaminadas a erradicar la denominada «violencia de género», se instaura una línea de pensamiento de demanda de mayor castigo a los culpables. Una línea situada en la corriente principal de un derecho penal, que, en este caso, trataría de defender a «las débiles» contra «los fuertes». Al privilegiar esta vía penal, en detrimento de otras, se refuerza la victimización de las mujeres. Por el contrario, combatir las desigualdades donde subsisten, contribuiría a superar este fenómeno. Sigo resistiéndome a situar estas violencias en el campo de una «guerra entre los dos sexos», sin espectadores inocentes, y donde la violencia habitaría en cada hombre según el imaginario social. Llegadas a este punto, alguien podría proponer la feminización de la segunda parte de aquella locución latina que decía: Homo homini lupus.