La Diputación acaba de aprobar el proyecto de indemnizaciones para las víctimas del 3 de marzo y, siguiendo el mandato de las Juntas Generales, también les han hecho entrega de la Medalla de Araba. ¿Qué valoración hacen de ello?

Como dices, esto obedece a un mandato, no es algo que salga por iniciativa propia. La ley de solidaridad es de 2003, y había un mandato en el sentido de que si el Estado español no nos aceptaba en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo sería la Diputación la que asumiera el compromiso de reconocernos y resarcirnos. Ahora se ha llevado a efecto, después de que se hubiera instado durante años a la Diputación a que cumpliera ese compromiso.

La medalla viene de un acuerdo de 2005. A Rabanera le dijimos que desde su partido, y él mismo, debían pedir el esclarecimiento y depuración de responsabilidades, porque, si no, no íbamos a aceptar la medalla de su mano. Nos respondió que estábamos despreciando a la sociedad alavesa, algo que le retrató a él y a su partido, que sólo querían hacerse un lavado de imagen ante la sociedad. Por eso no le aceptamos la medalla.

Sobre las indemnizaciones, a las que desde algunos medios se les está dando mucha importancia, quiero remarcar que si bien creemos que responden a un derecho que nos corresponde, a nosotros no nos van a desviar del que es nuestro verdadero objetivo, que es alcanzar la justicia, la verdad y la depuración de responsabilidades.

Han sido necesarios 32 años...

Pues sí, porque 32 años después es el único reconocimiento a nivel institucional. Y ha venido después de mucho batallar y de tocar la puerta de todas las instituciones, que nunca han sido capaces de hacer nada. Al contrario que a nivel popular, donde todos los años hemos tenido homenajes, que nosotros sentimos mucho más por venir de donde vienen. Ahora parece que se quieren marcar algunos tantos, pero ha sido porque nosotros nos lo hemos peleado.

En otra institución, el Parlamento, ha sido aprobado un memorándum sobre aquellos hechos, con el que han sido muy críticos. ¿En qué se fundamentan esas críticas?

El memorandun tampoco es iniciativa suya, sino nuestra, que propusimos la creación de una comisión de investigación que por lo menos marcara las responsabilidades políticas. Las penales no, porque los tribunales no han querido investigar ni reabrir el caso, pero sí creíamos importante sacar a la luz la verdad, cambiar la versión oficial imperante, y marcar las responsabilidades políticas, de las que hay indicios suficientes. Hemos sido críticos con el resultado porque, si bien en el resultado final se recoge prácticamente la versión de los hechos tal como fueron, avala el dictamen que elaboró el Instituto Valentín de Foronda, y marca responsabilidades políticas en los ministros de entonces, no se hace eco de la premeditación y la alevosía con la que a nuestro juicio actuó esa gente. No ya por el cargo que ostentaban, sino por la actuación personal que tuvieron en Gasteiz el 3 de marzo de 1976.

Hay indicios suficientes para mencionar esa premeditación en el informe. La mayoría de los testigos que han comparecido han declarado en ese sentido. Han coincidido en que ese día había algo especial en Vitoria, unas órdenes especiales, que tenían reflejo desde la mañana de aquel día, en la que la actuación de la Policía fue distinta y era un presagio de que lo que iba a pasar por la tarde. Incluso está recogido en sus propias conversaciones, que fueron grabadas. Todos esos indicios y esa secuencia de hechos se tenían que haber marcado en el memorandum final, pero no se recoge.

¿Es ahí donde se centran sus críticas?

También hay expresiones que no compartimos. Como cuando afirman que aquellos hechos se dieron en base a unas «instrucciones desproporcionadas». No entendemos que hubiera «instrucciones desproporcionadas», en todo caso hubo acciones injustificadas y totalmente deplorables. Tampoco entendemos cuando se habla de «problemas de orden público», porque cualquier lucha que se diera entonces para ellos constituía un «problema de orden público».

Además, este memorandum debería servir para corregir la injusticia que se ha comentido hasta ahora. Si en base a la versión oficial, que este informe demuestra que es mentirosa por completo, se nos impide acceder a la ley de solidaridad, este mismo memorandum debería servir para corregir esa injusticia. Se debería mandar al Gobierno central e instarle a que se nos acogiera en la ley, pero no se ha querido marcar ese compromiso.

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua ha presentado un informe sobre Víctimas de la Violencia de Motivación Política, en el que aparece su caso, y que ha recibido una dura respuesta de la directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa. ¿Cómo valoran el informe y la respuesta?

Hemos tenido conversaciones tanto con Maixabel Lasa como con Jon Landa. Nuestro planteamiento es que no se debería hacer distinciones entre las víctimas. Debería formularse una ley que abarcara todo tipo de violencias, sin ningún tipo de distinción ni discriminación entre las víctimas. Si esto no fuera posible, como se nos ha transmitido, si debe haber leyes diferentes, el amparo debería ser el mismo, en la misma forma y con el mismo tratamiento. Esto no ha sido así. Sí hay una Ley de Reoconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, en la que no nos han incluido a pesar de tener esa condición reconocida por el Parlamento. Lo que nos han dicho es que la violencia del Estado no es terrorismo.

Por otra parte, ha sido una sorpresa, relativa la verdad, ver que cuando se ha presentado un informe que recogía a las víctimas de la violencia del Estado, éste ha sido contestado de manera furiosa, rabiosa, desde el PP, el PSE e, incluso, lo que nos parece más vergonzoso, desde el propio Gobierno Vasco, de su Departamento de Interior a través de la Oficina de Víctimas. Decir que es grosero e inoportuno -fueron los términos utilizados por Lasa- nos parece vergonzoso. Más y cuando hay un montón de víctimas que durante años han estado enterradas, olvidadas, y a las que de alguna manera hay que resarcir.

Han recibido un primer reconocimiento institucional, ¿tienen esperanza en que haya más?

Vamos a seguir luchando. Hay un vacío total a nivel de Gobierno central, y también del autonómico. El Gobierno central con una Ley de Memoria que nos parece absolutamente insuficiente, porque nos niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que divide a las víctimas y que no reconoce la lucha que hubo en el postfranquismo. Nos parece demencial. A nivel autonómico, a pesar de los compromisos del Parlamento, el Gobierno Vasco y del propio lehendakari, ya hemos visto qué ley han hecho. Pero nosotros vamos a seguir luchando hasta obtener el pleno reconocimiento y amparo de las instituciones. Nos parece de justicia.

Iker BIZKARGUENAGA