La decisión, adoptada por unanimidad en el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), se produjo dos días después de que la Ley de Consulta de Lakua fuera publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, e inmediatamente después recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, y por el PP.

La admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno español supone que queda en suspenso la Ley, ya que el Ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero invoca en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, al tiempo que establece que el Tribunal deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Una vez transcurrido ese tiempo, el TC, si no ha resuelto los recursos, podría decidir mantener o levantar la suspensión de la Ley, pero no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, ha acordado habilitar el mes de agosto para acelerar la decisión, tal como pidieron los recurrentes, y también el lehendakari.

En la providencia, el TC explica que la invocación de ese artículo produce la suspensión de la vigencia y la aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso (15 de julio de 2008) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada esa suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. El Constitucional también ha admitido a tramite el recurso del PP, aunque rechaza en este caso la petición que igualmente formuló esta formación para que se suspendiera la Ley.

En este sentido, el Constitucional recuerda que la potestad para instar esa suspensión, según la Constitución, es exclusiva del Gobierno y que, por tanto, no ha lugar a lo solicitado por el PP. El Tribunal ha acordado también dar traslado de la resolución al Congreso español, el Senado y al Parlamento y Gobierno de Gasteiz, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo de Ibarretxe valoraron que la Ley de Consulta ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional fruto «de la decisión personal que ha adoptado» el presidente español «haciendo uso de una facultad excepcional que le concede la Constitución», en referencia al recurso interpuesto ante el TC.

Las mismas fuentes aseguraron que la impugnación «está fundamentada en falsedades y en mentiras» porque la Ley de Consulta no se aprobó «para convocar ningún referéndum que suponga cambio o modificación alguna en ningún precepto constitucional».

El Gobierno, «muy satisfecho»

Por su parte, la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que su Gabinete está «muy satisfecho» por la decisión del Tribunal Constitucional. «El señor Ibarretxe está cometiendo el error de dividir a los vascos, de enfrentar a unos ciudadanos con otros, de desafiar las normas que nos hemos dado para la convivencia en paz y armonía, y de alentar entre los vascos un falso victimismo», manifestó a este respecto.

En cuanto al PP, su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la «rapidez» con la que el Tribunal Constitucional ha actuado «da tranquilidad a los españoles».

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, adelantó, por su parte, que la decisión del Tribunal Constitucional debería provocar un «pronunciamiento» conjunto de los partidos que avalaron esta ley en el Parlamento, a excepción de Ezker Abertzalea, aunque matizó que «vamos a respetar los tiempos».

En cuanto a EA, Rafa Larreina dijo que la celebración de una consulta «es una cuestión política y no se debe dilucidar en los tribunales», mientras que el eurodiputado Mikel Irujo abogó por llevar ante el Consejo de Europa la suspensión.

También reaccionó el portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, quien dijo «temer» que el Tribunal Constitucional adopte su decisión final «como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, en función de los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero».