Diversos partidos y sindicatos criticaron ayer las escuchas descubiertas en la redacción de GARA en Iruñea. Dirigentes de PNV, EA, NaBai y el sindicato ELA denunciaron la gravedad del caso y la necesidad de una investigación y explicaciones.

En nuestra edición de ayer hacíamos público que gestiones realizadas ante Telefónica para trasladar la ubicación de una línea en Iruñea había provocado que se conociera que los números de teléfono de este diario en Nafarroa tenían dos direcciones de propiedad para la compañía. Una, como es evidente, la de GARA. La otra, como resulta hartamente sospechoso, la de la Jefatura de Policía en la capital navarra.

Este hecho invita a pensar que las llamadas a la redacción del diario eran desviadas, rebotadas o duplicadas hacia la sede policial. Por ello, Baigorri Argitaletxea, empresa editora de este diario, ha interpuesto la correspondiente denuncia en los Juzgados de Iruñea.

EA: «A las instituciones»

Una vez tenido conocimiento de estos hechos, Eusko Alkartasuna anunció que llevara el caso a las instituciones comunitarias y al Parlamento Europeo, al tiempo que intentará que el ministro del Interior responda en el Congreso de los Diputados.

El secretario de comunicación de EA y europarlamentario Mikel Irujo considera que ese caso ha dejado en evidencia a las FSE, al Ministerio del Interior y al conjunto del Gobierno español. Según sus palabras, «estamos ante un caso flagrante de espionaje que está tipificado como delito en el Código Penal y que supone además un grave atentado contra un derecho fundamental en cualquier Estado de Derecho, como es la libertad de prensa y comunicación, lo cual lo hace, si cabe, más repudiable aún. El Estado español ha puesto así de manifiesto sus importantes carencias democráticas».

Desde EA recuerdan que este no es el primer caso de espionaje conocido en Euskal Herria y añade que también este propio partido ha sido víctima de escuchas ilegales. En este sentido, Irujo denunció «la absoluta impunidad de la que disfrutan los aparatos policiales que operan en las cloacas del Estado».

A la vista de la gravedad de los hechos, EA anunció que «impulsará todos los trámites necesarios para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca con urgencia ante el Congreso a fin de explicar todo lo relativo a estas escuchas telefónicas y asumir las responsabilidades a que hubiera lugar por la vulneración de derechos fundamentales en democracia».

Asimismo, en su calidad de eurodiputado, Mikel Irujo trasladará este caso a instancias comunitarias y llevará al Parlamento Europeo la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.

Al hilo de lo ocurrido en la redacción de GARA en Iruñea, EA recuerda que presentó hace un mes el informe «La libertad de prensa en Euskal Herria» y abogó por crear un observatorio formado por representantes políticos y profesionales de los medios de comunicación a fin de analizar la situación en que los diferentes medios llevan a cabo su labor y elaborar informes periódicos al respecto.

Olabarria pide explicaciones

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el diputado del PNV Emilio Olabarria declaró a este diario que «estamos ante un supuesto de escuchas ilegales y el tema necesita ser investigado y además con perentoriedad». En su opinión, deben darse explicaciones públicas, tanto si las escuchas son ilegales como si estuvieran autorizadas.

Olabarria, que es jurista y en su día ocupó un puesto en el Consejo General del Poder Judicial, recuerda que «el Estado de Derecho se ajusta al principio de legalidad y si las escuchas fueran ilegales se está incumpliendo la legalidad y procede una investigación inmediata. Y si por alguna causa fueran legales y estuvieran en el marco de una investigación autorizada por la Administración de Justicia u algún órgano judicial, también se debiera explicar públicamente lo que ocurre, dado que ha habido ya un conocimiento público de que existían esas escuchas. O sea, que una u otra cosa se tiene que hacer».

A su entender, «lo que no cabe es la situación de silencio ante un hecho que es grave no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde la perspectiva democrática. Lo que procede es que los responsables de las escuchas y su responsable político proporcionen las oportunas explicaciones sobre la legalidad o ilegalidad de las escuchas». Y si son ilegales, deberían producirse las correspondientes consecuencias judiciales y administrativas.

NaBai: «Falta de respeto»

El portavoz de Nafarroa Bai en el Parlamento, Maiorga Ramírez, pidió a la Delegación del Gobierno en Nafarroa el esclarecimiento de estos hechos.

A su entender, «todo apunta a que se ha cometido una violación fundamental al derecho a la intimidad y al desarrollo de la actividad periodística» y por ello, según precisó en un comunicado de prensa, NaBai «exige» a la Delegación del Gobierno español «el urgente esclarecimiento y en su caso la asunción de responsabilidades respecto a la actuación de las fuerzas de Seguridad del Estado».

El portavoz de la coalición añade que de ser cierto el caso «afectaría directamente a la libertad de expresión» y, por lo tanto, «no sería justificable de ninguna forma esta profunda falta de respeto tanto a la labor periodística en sí misma, como a la confidencialidad». Maiorga Ramírez afirma que «todo apunta a que la Policía habría actuado vulnerando la legalidad», y cuestiones así «deben ser esclarecidas para que el Estado de Derecho pueda tener la credibilidad que debe».

ELA: «Inaceptable»

El sindicato ELA hizo también público un comunicado en el que señala que lo ocurrido es «del todo inaceptable» y se sitúa «fuera de la más mínima concepción democrática y conlleva la violación de la protección del derecho al secreto de las comunicaciones».

Denuncia que «estas actuaciones vuelven a poner de manifiesto la falta de garantías en los procedimientos que se actúan por parte de los poderes del Estado, prácticas claramente ilegales y que persiguen la criminalización de otro medio de comunicación vasco».

Exige que se aclaren los hechos y se tomen medidas.