La apertura de la cantera denominada Olatz ha sido llevada a la Fiscalía de Medio Ambiente por la plataforma Mutriku Natur Taldea. Según argumentan, las normas subsidiarias de planeamiento actualmente vigentes en la localidad guipuzcoana «prohíben de manera expresa» cualquier actividad minera que no tuviese proyecto de explotación vigente antes del 3 de julio de 1996, debido al interés paisajístico del territorio municipal.

En la denuncia explican que la catalogación de las zonas canterables de Mutriku fue incluida por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa y que cuando fue aprobada no constaba que la cantera de Olatz dispusiera del proyecto de explotación vigente autorizado por la administración competente.

Según aseguran, tienen conocimiento de que fue en enero de 2006 cuando la Dirección de Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Gasteiz solicitó a la Sociedad Financiera y Minera SA, empresa a la que se le concede la licencia para abrir la cantera, que la explotación debía ser regularizada, y le exigió un nuevo proyecto y estudio de impacto ambiental.

En este sentido, señalan que el nuevo proyecto fue aprobado el 23 de mayo del 2007 por el Ejecutivo autonómico, lo que demostraría que no se encontraba vigente en 1996.

Asimismo, afirman que el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Mutriku reconoce la existencia de condiciones objetivas de caducidad de la explotación de Olatz. Sin embargo, denuncian que los recursos presentados por la asociación de defensa del medio am- biente han sido desestimados.

Material para el puerto

Desde Mutriku Natur Taldea denuncian también que el material que se extrae de la cantera de Olatz se está utilizando en la construcción de la mejora de acceso al puerto de la localidad costera.

En este sentido, señalan que enla resolución firmada el 29 de julio de 2004, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua aseguró que «el proyecto no contempla la necesidad de apertura de nuevas canteras para la extracción de materiales de relleno ni para cubrir las necesidades de bloques y escolleras».

Por todo ello, la plataforma entiende que existe un posible delito sobre la Ordenación del Territorio y contra el Medio Ambiente y reclama ante la Fiscalía especializada en el tema «la paralización cautelar e inmediata de toda actividad».