El treinta de septiembre del año 1.938, tercero de la sublevación militar, Dolores Ibarruri, nacida en las minas de Gallarta, era nombrada vicepresidenta de las Cortes republicanas españolas, en la sesión celebrada en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. En su discurso señaló: «Debemos decir, para vergüenza de las democracias, que no es tanto como consecuencia de la fortaleza del fascismo por lo que hoy se ven los pueblos de Europa desamparados, sino a causa de la cobardía de las democracias, y sentimos el rubor de que los pueblos más llamados a defender los principios democráticos, sean los que claudican ante la audacia del fascismo».

Han transcurrido casi setenta años, y sus palabras pueden reproducirse sin perder un ápice de autenticidad y vigencia.

Hace unos meses, un amigo me indicaba que la expresión «fascismo» era ya un anacronismo, una expresión completamente desfasada. Estando por mi parte en total desacuerdo, recordé la expresión de Françoise Giroud: «Así comienza el fascismo. Jamás nos dice su verdadero nombre, mientras asciende y escala; y cuando aparece en la superficie y nos enseña la punta de la nariz, se dice, ¿es él? ¿Tú crees? ¡No hay que exagerar! Pero un día se recibe su golpe en pleno rostro, y es demasiado tarde para expulsarlo».

Sí. Los pueblos más llamados a defender los principios democráticos, la vieja Europa, son quienes están claudicando ante la audacia y atrevimiento de los más poderosos, de quienes en la indefensión y sufrimiento de los hombres encuentran el pedestal de su macabra gloria.

Fueron emperadores. Hoy son los papas, los reyes, sus jueces y lacayos. El liberal-fascismo concede impunidad a las élites dirigentes y a los grandes propietarios, y simultáneamente incrementa el control y represión, aplicándonos el principio de «tolerancia cero» a los ciudadanos ordinarios, a quienes se nos concede la sola dignidad del voto.

«Estamos acostumbrados -escribe Serge Halimi («Le Monde diplomatique», julio de 2008)- a que las élites de la Unión Europea atenten a la soberanía popular. El atentado a la democracia se ha convertido en la marca de fábrica de `Europa' incluso cuando se presenta como el reino de la democracia en la Tierra».

Hoy, los responsables políticos del Estado español -escoltados por los responsables autonómicos- no se han desprendido, sino que se mantienen impregnados de la ideología dominante y fascista del dictador Franco y sus antecesores. Con su actitud beligerante a todo cambio democrático están incluso sirviendo de ejemplo tétrico y siniestro a los países que un día fueron pioneros en leyes y comportamientos humanos y democráticos.

Lo decía Iñaki Goioaga, abogado de los procesados en el sumario 33/01: «Tras treinta años, seguimos en un estado policial con déficit democrático» [GARA, 2008-07-07]

El déficit democrático ha alcanzado tan alto nivel de desarrollo que se ha convertido en absoluta quiebra democrática. Gilles Deleuze señala que «sería mucho más sencillo recordar que la cuestión de la violencia, incluso del terrorismo, no ha cesado de agitar el movimiento revolucionario y obrero desde el último siglo -XIX- bajo las formas más diversas, como respuesta a la violencia imperialista». Pero al Gobierno no le interesa la verdad, y mucho menos perder escaños en el Congreso por intentar descubrirla.

La prueba más evidente de la quiebra democrática del Estado español y de su camino hacia el liberal-fascismo, es que sus juicios políticos se han convertido en «Juicios de Dios», en ordalías medievales. Dios y el reino unidos en la opresión y en el silenciamiento del pueblo. Cualquier tipo de oposición al sistema se convierte en herejía, en terrorismo, en colaboración con banda armada, en detención y castigo.

Sí. Son ordalías. Las pruebas que se utilizan en la Audiencia Nacional contra los ciudadanos vascos, acusados de pretendidos delitos políticos, transformados y convertidos en crímenes terroristas, son ordalías. La Facultad de Derecho de la Universidad de Rennes -Bretaña- define las ordalías como la técnica jurídica que consiste en fundamentar las denuncias de la acusación con pruebas no racionales, ni lógicas, ni existentes.

Esta técnica jurídica se utilizó en la antigüedad y a lo largo de la Edad media. Se sometía al acusado a pruebas físicas extremas, y únicamente si salía ileso de ellas quedaba probada su inocencia. La muerte en la prueba era clara señal de culpabilidad. Tomar un hierro candente en las manos y no quemarse, meterlas en agua hirviendo o recibir plomo fundido. Si el acusado se quemaba era considerado culpable.

«Se trataba simplemente -como señala Michel Foucault en «La verdad y las formas jurídicas»- de manifestar públicamente quién era el más fuerte. Como en el viejo derecho germánico, donde el proceso no era sino la continuación, reglamentada y ritualizada, de la guerra... Nos encontramos en una frontera difusa entre el derecho y la guerra, en la medida en que el derecho es una manera de continuación de la guerra».

En pleno siglo XXI, los «juicios de Dios», las torturas para obtener confesiones e inculpaciones de los acusados, continúan siendo moneda corriente en las autoproclamadas democracias. Iniciada la andadura de la represión contra la disidencia política, la misma inercia coercitiva lleva a gobernantes, magistrados y policías a perpetuar el castigo hasta la anulación del individuo.

«La prueba como verdad deja de existir. Las declaraciones policiales sirven únicamente para determinar, no quién dice la verdad, sino para establecer, una vez más, quién es el más fuerte, quién tiene la razón. Traduce así la fuerza -policía, jueces, carceleros- en derecho de la monarquía. La prueba no es esclarecedora ni generadora de verdad sino de derecho y de dominio. Por eso mismo no se apela a testigos de verdad, sino a testigos de fuerza» («La verdad y las formas jurídicas»).

Siglo XXI, cambalache de la persecución sistemática y brutal contra los opositores de Euskal Herria, a cambio de los aplausos de una España tan dominada como totalitaria, que garantice a los gobernantes su perpetuidad en el mando y dirección del reino. Siendo precisamente esa unidad del reino la evidencia que faculta y justifica todo tipo de desmanes del poder, sus brutalidades aplaudidas por el pueblo y silenciadas por élites intelectuales inexistentes. El precio de la unidad de su España, la imperial, es la opresión de quienes decimos no pertenecer a ella.