El fiscal imputa a ANV y EHAK dar ayuda a Batasuna y «legitimar a ETA»
Tras la vista pública celebrada en junio, la Fiscalía ha solicitado al Supremo la ilegalización de EAE-ANV y EHAK por «legitimar» a ETA al no condenar sus acciones y prestar «asistencia financiera» a Batasuna. Entre las pruebas que cita están las manifestaciones de afecto de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, hacia Igor Portu y Mattin Sarasola, que denunciaron torturas tras su detención.
GARA |
La Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo presentó ayer ante la Sala 61 del Tribunal Supremo dos escritos de alegaciones, de 98 y 88 páginas respectivamente, en los que reafirma la solicitud de ilegalización de EAE-ANV y EHAK. La acusación pública afirma que las formaciones abertzales legitiman a ETA y han prestado «asistencia financiera» a Batasuna.
La Fiscalía dice sobre el partido ekintzale que mantuvo «una inicial ambigüedad calculada» en relación con ETA pero posteriormente desarrolló «una estrategia global de colaboración» con Batasuna que se plasmó en «una total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia».
Según asegura el Ministerio Público, los representantes de EAE-ANV llevaron a cabo una labor de «apoyo al terrorismo, legitimando sus acciones o minimizando su significado» y aporta como presunta prueba que los grupos municipales de la formación independentista en Durango y Barakaldo no condenaron los atentados de la organización armada.
A su vez, sostiene en su informe que EAE-ANV prestó «cobertura política» a Batasuna participando en «homenajes a varias acciones terroristas». La Fiscalía hace referencia a las manifestaciones de afecto de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, hacia Igor Portu y Mattin Sarasola, jóvenes de Lesaka que denunciaron haber sido torturados tras su detención por parte de la Guardia Civil. El primero fue hospitalizado.
También aluden a la creación en Hernani y Elorrio de «comisiones municipales de represaliados», citan que la formación ekintzale «asume e imita la simbología de Batasuna» en los carteles y eslóganes de Aste Nagusia de Bilbo y rechaza al TAV. La Fiscalía mantiene, por tanto, intactos los argumentos con que acudió a la vista del Supremo, donde se desmontaron muchos de estos elementos.
La Fiscalía asegura también que ha quedado «acreditada» durante la vista la existencia de una «significativa asistencia financiera» de ANV hacia Batasuna y que existen pruebas de un «sistema de caja única» que radicaba en la sede de EHAK, «desde donde se llevaba la contabilidad de las tres formaciones».
Facturas y reuniónes
En cuanto a EHAK, la Fiscalía también encuentra «suficientemente acreditada» la colaboración con Batasuna y argumenta que la Policía española vigiló reuniónes de representantes de la izquierda abertzale en la sede de Usurbil. Tras añadir como elemento incriminatorio que también EHAK participó en la «estrategia contra la construcción del TAV», el informe menciona vínculos económicos que esta formación mantenía con Batasuna. Según dice, 16 de sus 49 trabajadores a sueldo pertenecían a la Mesa Nacional y en la contabilidad de EHAK figuran facturas de gastos realizados por representantes de Batasuna, otra cuestión que quedó desacreditada en la vista oral.
Tras los informes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado tendrá de plazo hasta el jueves para los suyos. Después se abrirán otros 20 días para las defensas, que podrán presentar sus escritos hasta el 28 de agosto. Según agencias de información, el caso será resuelto a mediados de setiembre, coincidiendo con la apertura del año judicial.
La izquierda abertzale de Zizur Nagusia denunció ayer la decisión del alcalde de la localidad, Pedro Huarte (NaBai), de disolver el grupo municipal de EAE-ANV, lo que calificó de «colofón de la actitud que ha mantenido esta coalición con EAE-ANV desde el principio de la legislatura».
Maite Valencia, que tras el decreto firmado por el alcalde pasará a ser concejala no adscrita, reclamó su «derecho a poder trabajar por Zizur, que para eso me eligieron», y dirigiéndose a Huarte le recordó que «un alcalde democrático está para garantizar los derechos de sus vecinos, no para que se los quiten». Valencia también censuró que haya sido el propio alcalde quien solicitara al juez Garzón un decálogo de actuación contra el grupo municipal del partido independentista.
El representante de la izquierda abertzale Txelui Moreno, por su parte, enmarcó la actitud de Huarte dentro de la «línea involucionista de PP y PSOE», aunque apreció «un cambio: en este caso, en vez de utilizar el poder judicial y la represión policial han usado a Nafarroa Bai».
Moreno, además, calificó la decisión de «muestra del alineamiento con las tesis de Garzón, de Rubalcaba, de la derecha navarra» y advirtió que de esa manera «NaBai se suma al tristemente famoso club de los ilegalizadores, de los inquisidores».
Incidiendo en todo ello, Txelui Moreno señaló que «cuando España impone, Nafarroa Bai obedece y calla» y agradeció las muestras de solidaridad por parte de las bases de la coalición, a las que pidió «rebelarse contra esta actitud».
Por último, Moreno anunció que un grupo de ciudadanos de Zizur Nagusia ha convocado una concentración de repulsa a la decisión del alcalde para mañana miércoles, ante el Ayuntamiento de la localidad, a las 20.00 horas.
