El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo acogió ayer por la mañana una vista en la que, a petición del Estado español, se examinó la petición de extradición contra el prisionero político vasco Iñaki Santesteban Goikoetxea. Se trata de una deman- da que ya en 2001 fue rechazada por el propio Estado francés. Sin embargo, ahora ha sido París el que ha tomado la iniciativa de buscar otros resquicios legales para favorecer la entrega del vasco a manos españolas.

La abogada de Goikoetxea, Yolanda Molina, por un lado, y los representantes del Estado español, del francés y de la Comisión Europea, por otro, debatieron durante dos horas y media la petición de extradición de Goikoetxea que realizó Madrid a comienzos de junio de este año.

Contra principios elementales

Por escasos días, esta demanda logró forzar la retención en prisión del vecino de Iruñea. Iñaki Santesteban debía haber quedado en libertad el 6 de junio, tras cumplir de forma íntegra una condena que le impusieron los tribunales franceses.

En la vista oral de ayer se supo cómo y por qué Madrid volvió a exigir la extradición del iruindarra, después de que en 2001 fueran los propios tribunales franceses los que se la negaron. Según informó a GARA Yolanda Molina, en la vista de ayer el representante español dio lectura a una carta que le envió en mayo el fiscal general de Montpellier, en la que le advertía de que Santesteban quedaría libre el 6 de junio y exponía que, bajo una triquiñuela jurídica, podían abrir otra vía de extradición diferente a la que cerraron ellos siete años atrás.

Tanto el representante español como el francés y el de la Comisión Europea se posicionaron a favor de que para la entrega del preso vasco sea aplicado el Convenio de Dublín de 1996. Defendieron que el acuerdo es complementario a todos los tratados posteriores, como el de la euroorden, y que no se contradice con el veto que impuso París en 2001 a la extradición.

Molina rechazó con dureza la validez de la aplicación de esta norma, máxime habiendo ya una sentencia firme que rechaza la extradición, y añadiendo que se «vulneran principios fundamentales como la seguridad jurídica, porque entonces se podría poner en entredicho cualquier cosa ya juzgada y se podría hacer eso en cualquier momento».

La decisión será tomada en breve por Luxemburgo al tratarse de un proceso de urgencia, según remarcó la defensa.