Texas ejecuta a un reo mexicano desoyendo a la Corte Internacional
A pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había sentenciado en el año 2004 que la pena capital contra Ernesto Medellín Rojas debía ser revisada, el Estado de Texas (EEUU) ejecutó el martes por la noche al preso mexicano. En el momento de ser detenido, las autoridades policiales no informaron a Medellín sobre el derecho que le asistía a que su detención fuese informada al Consulado de México, violando de este modo la Convención de Viena.
GARA |
La orden de la Corte Internacional de Justicia (CJI) exigiendo «tomar todas las medidas necesarias» para evitar la ejecución de Ernesto Medellín hasta que se revisara y reconsiderara su condena, no fue impedimento para que el Estado de Texas ejecutara el martes al preso mexicano. Medellín fue declarado muerto hacia las 21.57 (4.57 de ayer en Euskal Herria) en la prisión de Huntsville, después de aplicarle la inyección letal.
En el momento de ser detenido en Houston hace quince años, Medellín declaró que no se le había informado del derecho que le asistía a contar con la asistencia del Consulado mexicano. Este derecho está recogido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, por lo que el caso fue remitido a organizaciones internacionales. En el año 2004 el CIJ sentenció que las autoridades texanas no habían cumplido la Convención de Viena, pero el tribunal estadounidense decidió que el Estado de Texas «no tiene por qué acatar la petición de la CIJ». La Administración Bush también reclamó la revisión de la condena, mientras que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon recordó que «EEUU debe obedecer las órdenes de la corte internacional».
El Departamento de Estado de EEUU declaró el mismo martes que había hecho «todo lo posible» por ayudar a Medellín. «Es una situación difícil, porque tenemos una obligación legal internacional incuestionable que entra en contradicción con la ley del Estado», confesó el portavoz Kurtis Cooper.
«Por favor, no odien»
La ejecución de Medellín se retrasó más de cuatro horas, ya que en el último momento la defensa presentó una apelación de aplazamiento ante el Tribunal Supremo de EEUU, que finalmente fue rechazada. Con este último recurso, la defensa del condenado pretendía posponer la aplicación de la pena capital hasta que el Congreso de EEUU tuviera tiempo de reformar las leyes para cumplir la Convención de Viena.
Medellín fue acusado junto con otros cinco amigos suyos de violar y matar a dos jóvenes de 14 y 16 años en Houston, por lo que fue condenado a muerte en 1994. Antes de recibir la inyección letal, Medellín, de 33 años, pidió perdón por el crimen que reconoció haber llevado a cabo. «Siento el dolor que he causado, por favor no odien. Que esto les otorgue la compensación emocional que están buscando», dijo mirando a las familias de las víctimas. El padre de una de las jóvenes mostró su satisfacción por la muerte de Medellín, que había esperado «durante mucho tiempo».
Por otra parte, en la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con EEUU, familiares de Medellín se mostraron consternados por la ejecución, ya que esperaban que el caso fuera revisado.
El Departamento de Estado de EEUU calificó la sentencia del CIJ como «una obligación legal internacional incuestionable» pero reconoció que «entra en contradicción con la ley del Estado» de Texas.
El Gobierno de México reaccionó ayer con «indignación» por la ejecución de Medellín y envió una nota de protesta al Departamento de Estado de EEUU «por esta violación de derecho internacional». El Ejecutivo de Calderón afirmó que han agotado «todas las instancias legales» a su alcance, tanto internas como internacionales, «con el fin de obtener la revisión y reconsideración del caso».
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana subrayó la importancia de esta sentencia, ya que podría crear precedente y afectar «al respeto a la protección que brindan los consulados mexicanos en el exterior».
Por otro lado, las autoridades de México también recordaron la situación que viven otros 50 mexicanos presos, que se encuentran en el corredor de la muerte en EEUU sin haber recibido asistencia consular durante su detención, según denuncia la Corte Internacional de Justicia. «El Gobierno mexicano continuará insistiendo en la obligación de EEUU de otorgar la revisión de las condenas de pena de muerte», aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los abogados de la defensa de Medellín, por su parte, manifestaron que «es ahora urgente que el Congreso de EEUU establezca una legislación para que respeten sus compromisos» frente a los tratados internacionales.
