Martxelo DÍAZ

El anteproyecto elaborado por el Gobierno aragonés -presidido por Marcelino Iglesias (PSOE) y del que también forma parte el PAR, una formación regionalista de derechas- establece que Aragón es una «comunidad trilingüe, en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, conviven otras dos lenguas en determinadas zonas, el aragonés y el catalán, con sus distintas modalidades», según informó «Heraldo de Aragón».

El aragonés y el catalán quedan definidos como «lenguas propias de Aragón», pero en ningún momento son calificadas de oficiales, algo que sí se hacía en el anteproyecto redactado en 2001, que hablaba de cooficialidad. Del castellano se dice que es «lengua oficial en todo el territorio de la comunidad» y del aragonés y del catalán se establece que «serán objeto de especial estudio y protección», aunque no da detalles. En principio, estas dos lenguas minorizadas tendrían una regulación para su uso social y el empleo en la educación para fomentar su recuperación, aunque el anteproyecto no va más allá de las buenas intenciones.

El Gobierno aragonés ha establecido sendas zonas de utilización del aragonés y del catalán y una tercera de utilización del castellano, formada por los municipios en los que no se habla ninguna de estas dos lenguas. Asimismo, existe una cuarta zona, llamada de «recepción», formada por los municipios que acogen a ciudadanos que hablan aragonés o catalán.

La delimitación de estas zonas corresponderá al propio Gobierno de Aragón, en base «a criterios sociolingüísticos e históricos». Los ayuntamientos podrán solicitar estar incluidos en una u otra zona, pero la decisión final corresponde al Ejecutivo de Iglesias.

La portavoz de CHA (nacionalista de centroizquierda) en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, considera que el anteproyecto vulnera incluso el Estatuto de Autonomía, que establece que esta zonificación debe ser diseñada por la Ley de Lenguas aprobada por el Parlamento y no por el Gobierno.

Ibeas criticó duramente a Iglesias, que es catalonoparlante, por «renunciar a defender la dignidad de los aragoneses que hablan la misma lengua y ceder ante las exigencias de los sectores más reaccionarios del PAR», al tiempo que denuncia que este anteproyecto «discrimina a los aragoneses que hablan lenguas distintas al castellano» y recuerda que las Cortes de Aragón aprobaron en 1997 un dictamen que establecía que la cooficialidad del catalán y del aragonés en los municipios y comarcas donde son lengua propia.

Junto a ello, Ibeas mostró su malestar porque todo el proceso de elaboración del anteproyecto se ha realizada a espaldas de los grupos de las Cortes.

Formaciones independentistas como Chobenalla Aragonesista o Puyalón de Cuchas también ha reclamado la oficialidad del aragonés y del catalán para que estas lenguas puedan ser vehículo de comunicación con la Administración. Además, reclaman el derecho de cualquier aragonés a utilizar estas dos lenguas fuera del territorio en el que son propias y que los dos idiomas se empleen en el sistema educativo y en los medios.

Rubén Ramos, miembro de Puyalón de Cuchas y del Movimiento en Defensa de la Lengua, destaca el contrasentido que supone que exista un Consejo Superior de Lenguas, que, según el anteproyecto, será quien decida la normativización de ambas lenguas, cuando los dos idiomas cuentan con instituciones que realizan esta función. El Institut d'Estudis Catalans, por una parte, y la Academia de l'Aragonés, surgida en 2006 como consecuencia del II Congreso de l'Aragonés, organizado desde el movimiento asociativo.

Por ello, Puyalón de Cuchas reclama que se promuevan iniciativas de recuperación de ambas lenguas, especialmente en el caso del aragonés, «única lengua privativa de nuestro país, además de ser la lengua más amenazada en estos momentos en Europa Occidental», destaca Ramos.

Según la web charrando.com, en la actualidad el aragonés es hablado, de modo tradicional, en las comarcas altoaragoneses de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, mitad occidental de Ribagorza y gran parte de la Hoya de Huesca (Plana de Uesca) y Somontano de Barbastro y existen restos morfosintácticos en zonas castellanizadas recientemente como partes de Cinco Villas, Monegros y Cinca Medio. Junto a ello, existe una significativa comunidad de neohablantes en todo Aragón y en los principales núcleos urbanos residen un buen número de hablantes emigrados. A los hablantes de aragonés que viven en Zaragoza, por ejemplo, no se les reconocerían sus derechos, según el anteproyecto del Gobierno aragonés.

La lengua aragonesa tiene cuatro grupos dialectales: el occidental, hablado en la Jacetania y cuyos dialectos principales son el cheso y el ansotano; el central, que comprende los valles de Tena, Ara, Bió y Cinca y engloba a dialectos como el tensino, pergotés y belsetán; el oriental, hablado en los valles de Chistau, A Fueba y Ribagorza Occidental, con los dialectos chistabino, fobano, benasqués, grausino, foncense y estadillano; y el meridional, que abarca zonas del Prepirineo, la Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro.

El catalán, por su parte, se habla en la llamada Franja, situada en la zona fronteriza con Catalunya y el País Valencià, que abarca las comarcas de Ribagorza (parte oriental), La Llitera, Baix Cinca, Casp y Matarranya.

A finales de junio, se presentó en Zaragoza la plataforma No Hablamos Catalán, que tiene el apoyo de las juventudes del PAR y que defiende, sin ninguna base científica, que el catalán que se habla en Aragón no es catalán, sino un dialecto más del aragonés.

Esta plataforma convocó el 4 de julio una manifestación en contra de la elaboración de una Ley de Lenguas que permitiese la oficialidad del aragonés y del catalán. Esta plataforma en realidad es una refundación de Facao (Federación de Asociaciones Culturales de Aragón Oriental), que según reconoce en su propia página web, actúa coordinadamante con asociaciones de los Països Catalans «que defienden las lenguas aragonesa, balear, valenciana y el bilingüismo catalán-castellano en Cataluña».