Juan Pablo González, vocal para la CAV del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abogó ayer, en un entrevista publicada en «El Correo», por instar a la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna la izquierda abertzale en caso de que el Tribunal Supremo decida finalmente la ilegalización de ANV.

González, que a pesar de afirmar que no puede pronunciarse sobre «cuestiones en proceso» sostiene a renglón seguido que existen «indicios muy sólidos de que estos partidos son una máscara de ETA para mantener la presencia de los terroristas en el seno de las instituciones», se lamenta porque hay consistorios que «están controlados por un partido que es un instrumento» de la organización armada. Dicho esto, y partiendo de su confianza en que el Alto Tribunal español ilegalizará a la formación abertzale, considera que «el Gobierno tendría que ir hasta las últimas consecuencias e instar en base a la ley de régimen local la disolución de estos ayuntamientos». Una vez hecho esto, señala que se debería nombrar una gestora y volver a convocar elecciones.

Recurre acuerdo municipal

El Gobierno español, por su parte, insiste en su acoso a los representantes municipales de la izquierda abertzale. El Abogado del Estado, dependiente del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, ha recurrido el acuerdo municipal por el cual los representantes de ANV en el Ayuntamiento de Arrasate pasan a engrosar el grupo mixto.

La impugnación, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Donostia, pide la suspensión cautelar del acuerdo. El portavoz del PSE en esta localidad, Francisco García, ya anunció el 29 de mayo que se recurriría esta decisión.