PSOE y PP negocian estos días la literalidad del acuerdo, que presentarán en setiembre, sobre el paquete de medidas a aplicar a los presos políticos vascos una vez que éstos abandonen sus celdas tras haber cumplido sus condenas. Algunas de esas medidas, como la limitación de residencia en función de la cercanía a «víctimas», se ejecutan ya en la práctica a través de sentencias de la Audiencia Nacional. Es más, uno de los puntos de coincidencia entre ambos partidos se dirige a ampliar aún más el margen decisorio de los jueces especiales a la hora de interpretar el Código Penal español. Huelga decir que el margen que se ampliará será el escorado más a la derecha.

Si las sucesivas reformas penales o la aplicación de la llamada «doctrina Parot» suponen de facto castigar con la cadena perpetua a los prisioneros vascos, estas medidas buscan rebasarla para acosar a los ex presos más allá de los elevados muros de las cárceles. Así, Mariano Fernández Bermejo profundiza en la estrategia «constructora» de su predecesor en el Ministerio de Justicia, Fernando López Aguilar, «construyendo» un nuevo precepto pseudojurídico: «Vivir en libertad, pero en limitación». Torpe pirueta dialéctica que pretende dar color de legalidad a lo que no es más que otro oscuro paquete represivo y que sólo logra gruesos brochazos en su apuesta por abordar el conflicto desde el lado más sombrío.