El Tribunal Nacional del PNV ha revocado su decisión de expulsar a los seis electos jeltzales de Ondarroa que rehusaron tomar las credenciales de concejales en junio de 2007, lo que impidió la constitución del Ayuntamiento y contrarió las directrices del EBB para hacerse con la alcaldía, a pesar de no ser la fuerza más votada en el municipio. El tribunal interno de este partido «absuelve» ahora a los seis electos basándose en un «defecto de forma» en el proceso sancionador abierto en su contra.

Los afiliados jeltzales Aitor Maruri, Maria Dolores Etxano, Miren Urresti, Jose Anton Urresti, Juan Mari Etxaburu y Miren Solabarrieta han sido readmitidos por el Tribunal Nacional del PNV en base a la apreciación de «un defecto de forma» en el proceso sancionador, después de que la decisión de expulsarlos, adoptada por la dirección liderada entonces por Josu Jon Imaz, fuera ratificada por los órganos municipal y territorial.

La lista que encabezó Aitor Maruri obtuvo 1.720 votos en las elecciones municipales de mayo de 2007. En aquellos comicios la izquierda abertzale obtuvo el respaldo mayoritario de los vecinos de Ondarroa con 2.195 sufragios. Pero en la localidad costera, como en la anterior legislatura, la lista independentista fue vetada por los tribunales españoles.

Dos legislaturas «ilegalizados»

Ante las negociaciones abiertas entonces por la izquierda abertzale y el PNV de Ondarroa, Sabin Etxea conminó a los electos jeltzales a apropiarse de la alcaldía, lo que repetiría de nuevo la situación que se vivió en los anteriores cuatro años de legislatura municipal con la izquierda abertzale ilegalizada.

Tanto Maruri como el resto de afiliados jeltzales que componían la candidatura del PNV, contrariando las directrices de Sabin Etxea, rehusaron hacerse con la alcaldía. Ello provocó su fulminantes expulsión de la formación jeltzale. Después, Sabin Etxea pasó directamente a conformar la gestora que dirige Felix Aranbarri. En el vecino municipio de Mendexa se ha vivido una situación similar.

Cabe señalar que esta nueva decisión del Tribunal Nacional del PNV llega escasos días después de que se hiciese público el acuerdo suscrito entre la gestora de Ondarroa y la Diputación de Bizkaia para que esta institución sea la encargada de cobrar los impuestos que más de 200 familias de Ondarroa han rehusado pagar entendiendo que si no cuentan con derechos civiles, tampoco con obligaciones al respecto. La deuda se eleva a 2,3 millones de euros.