La diputada por Nafarroa Bai en el Congreso español, Uxue Barkos, compareció ayer ante los medios de comunicación para salir al paso de las declaraciones que realizó hace más de un mes la ministra española de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera. La ministra española anunció entonces la posibilidad de que la crisis económica provoque un recorte presupuestario en la Ley de Dependencia.

En ese sentido, Barkos denunció ayer que debido al sistema competencial navarro en matería económica y fiscal, el herrialde «queda fuera del reparto autonómico en relación a nuestros dependientes», por lo que «quedamos a expensas de un acuerdo a posteriori entre la administración central del Estado y la administración foral».

Así, lamentó que debido a esa circunstancia los dependientes navarros no vayan a poder beneficiarse de la partida de 241 millones de euros «que el Estado va a destinar a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y la CAV».

Además, la diputada pidió a la ministra española que explique si su ministerio está en condiciones de cumplir la memoria económica de la Ley de Dependencia y de aportar los 870 millones de euros previstos para 2008 y los 980 para 2009; Barkos advirtió, además, que la coalición, desde su escaño en el Congreso español vigilará «muy especialmente esta partida para el conjunto del Estado».

Inversión social

Cara al futuro, Uxue Barkos aseguró que es necesario «un cambio de las recetas económicas», de tal modo que «el Estado invierta en la creación empresas de atención social que generen empleo de calidad», ya que, a su juicio, «en los próximos años los beneficios empresariales van a ser diferentes a los que han sido hasta ahora».

El parlamentario de NaBai y portavoz de Batzarre Ioseba Eceolaza, por su parte, anunció que la coalición pedirá la comparecencia de la consejera de asuntos sociales del Gobierno navarro, Maribel García Malo, para que informe «de forma clara y transparente» si se va a cumplir con lo estipulado en la Ley de Dependencia, ya que desde su punto de vista «en un momento de consolidación de los derechos sociales, es grave siquiera plantear el debate de la limitación presupuestaria».

Eceolaza denunció que el número de dependientes que el Estado español estipuló para 2010 ya ha sido superado en 42.000 personas, por lo que consideró que existe una «limitación de facto» en esa materia.