Consideran «tardía, incompleta e incierta» la atención a la salud laboral
El experto Mariano Gallo Fernández considera que la atención a la salud laboral, tanto desde los poderes públicos como desde la propia sociedad, «ha resultado tardía, incompleta e incierta». Son conclusiones extraídas de su tesis doctoral sobre prevención de riesgos laborales.
GARA |
«Autorización e inspección de las actividades sanitarias de los servicios de prevención de riesgos laborales». Así se titula la tesis doctoral del experto Mariano Gallo Fernández y de la que se desprenden ideas como que la atención a la salud laboral «ha resultado tardía, incompleta e incierta».
La citada tesis fue defendida en la UPNA por Gallo, que actualmente es médico inspector del Instituto Navarro de Salud Laboral, entidad de la que fue director gerente desde 1995 hasta 2004.
El objeto del trabajo, según informó la UPNA mediante una nota, ha sido ordenar y sistematizar la dispersión normativa de las actuaciones de autorización e inspección de los servicios y actividades sanitarias en la prevención de riesgos laborales.
En este contexto, se presentan los aspectos relacionados con la autorización e inspección de los medios, instalaciones y actividades sanitarias de los servicios de prevención.
Gallo parte del planteamiento de que los trabajadores, como tales, tienen unos derechos en seguridad y salud en el trabajo, pero mantienen los derechos generales de cualquier persona, como el de la protección de la salud.
Derechos
El autor apunta, por ello, que el trabajador «puede exigir el ejercicio de sus derechos en seguridad y salud laboral ante el empresario», pero señala que eso «no es obstáculo para la exigencia ante las administraciones públicas de otros como la protección de la salud».
Así, Gallo destaca que «existe una progresiva, pero aún tímida intervención administrativa (autorizatoria e inspectora) sobre las actuaciones sanitarias dentro de la salud laboral».
En su análisis, el experto destacó que «el binomio trabajo-salud y la coexistencia de importantes competencias laborales y sanitarias es algo frecuentemente olvidado en la aplicación práctica».
Subrayó, además que el proceso de prevención no finaliza con la autorización de los servicios sanitarios en el medio laboral, sino que exige el seguimiento y control de sus actuaciones.
Gallo destacó la complejidad de los procesos de autorización e inspección de servicios de prevención, ya que intervienen diferentes administraciones de distinto ámbito competencial y territorial.
El experto señaló que, para cumplir con su deber de prevención, la mayoría de los empresarios opta por apoyarse en modalidades preventivas externas frente al uso de recursos propios.
«El control y seguimiento de la actividad inspectora debe tener un adecuado ordenamiento y aplicación práctica que garantice efectivamente los intereses públicos y los derechos de las personas», según Gallo.
Los sindicatos LAB y ELA se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Bilbo y el frontón de Miribilla, respectivamente, para denunciar el último accidente mortal, que acabó con la vida de un joven de 27 años.
Ambas centrales reprocharon a las administraciones la falta de medidas de seguridad, más aun tratándose de una obra pública.
Por ello, LAB consideró que el ayuntamiento de Bilbo y la Diputación de Bizkaia, «como promotores», y sus máximos responsables, Iñaki Azkuna y José Luis Bilbao, «tendrían que salir a dar alguna explicación de lo ocurrido».
En ese sentido, ELA exigió a las administraciones que «cumplan y hagan cumplir a sus amigos» los empresarios las normas de seguridad.
Así, LAB señaló que «no hay un parámetro en el que se vea que ha habido una serie de medidas que hayan hecho reducir los accidentes» y aseguró que «si unos años hay suerte, hay menos accidentes, y si hay peor suerte, hay más».
