Alas últimas generaciones la dictadura de Franco las ha cogido sentadas en el pupitre delante de los libros de Historia, y puede resultarles difícil entender la política de una feroz dictadura a la vieja usanza después de 30 años de democracia monárquica, pero algunos hijos de aquellos fascistas, apoltronados en el Congreso español con las mismas ideas que sus padres, lo ponen fácil para trazar el paralelismo entre el interés político de los militares que se levantaron contra la República democrática y el españolismo moderno.

El modelo político de transición y todo el cuerpo legislativo que de ella se deriva es la base teórica de una acción de ideas de mérito caduco. En el derecho penal que han parido no existe la presunción de inocencia, y la falta de protección y de seguridad característica del Derecho convierte al detenido en una potencial víctima al albur de los medios y de significativas declaraciones que animan al sobresalto nocturno. La mayoría de ciudadanos que pertenecen a las diferentes nacionalidades del Estado ya saben que participan en un encuentro apañado donde los árbitros permiten el juego sucio con medias verdades y el fraude a los nombres y a los significados.

Durante 30 años de democracia monárquica la cárcel ha sido utilizada como herramienta política para encarcelar a electos, directores de periódicos, abogados, escritores... pero no ha podido encarcelar sus ideas. Las ideas, los periódicos («Egin», «Egunkaria»), como la libertad, no pueden ser ilegales, su ilegalización ni los desvalora ni les resta credibilidad. Tampoco pierden su poder después de 30 años de cacería. Aunque los dirigentes reales se jactan de que se puede hablar de todo, esta democracia tiene el mismo fondo paranoico de la dictadura franquista que perseguía la frase «la montaña se hace vieja» y ahora persigue aurrera bolie (adelante con la pelota).

La dictadura, terrorismo en estado puro, no necesitaba de otras servidumbres porque todo era suyo; ahora el Estado agradece a los situacionistas la complicidad por las servidumbres a funcionarios condenados por asesinato, secuestro, tortura y violación en forma de excarcelación o libertad de paso, mientras el derecho a medida se encarga de aplicar un castigo político multifactorial en forma de ilegalización y de aislamiento físico y sensorial que no aporta ni más seguridad ni más eficacia preventiva a la sociedad. La insaciabilidad y la complicidad de quien debería ser justo tributan con un plus de terror penitenciario hacia el preso político que consigue la libertad, por escribir, leer o expresar los sentimientos. Metáfora de dictadura y de justicia. Los técnicos han hecho un derecho a medida, y lo tendrán que rehacer porque los presos políticos saldrán con la misma convicción y autonomía personal con la que fueron condenados y, segundo y más importante, porque con esta democracia casi orgánica el tiempo sigue corriendo a favor de los sentimientos profundos de Euskal Herria.

Los presos liberados, ciudadanos en libertad, tienen derecho a explicar su historia silenciada durante miles de días y por interés colectivo, terapéutico y social deberíamos abominar de la venganza solidaria junto a la víctima que peroran los apoltronados.

Aunque las víctimas aunadas en grupo de presión suscitan en el Gobierno español un nuevo interés, lejos de convertirlas en admirables y sanos protagonistas, se construyen pruebas y se dictan leyes con efecto retroactivo para que la persecución perpetua pueda anclarse en esas ánimas en pena con una psicología social de venganza que las convierte en más víctimas si cabe del odio y del rencor. ¿A quién no le interesa un tratamiento social que contribuya a una memoria creadora y reparadora? Por sus declaraciones, ni Zapatero ni Bono parecen tener interés en la cuestión.

La política de «seguridad» española se ha diseñado en el cuarto oscuro y con algunos postulados típicos de una dictadura que difícilmente resolverán algún conflicto importante. El día 9 de julio el preso político Jose Mari Sagardui, Gatza, cumplió 28 años de cárcel -maite zaitut-. El Estado español detiene el reloj en el momento que encarcela un preso vasco, pero no puede parar el tiempo de Euskal Herria, por eso ahora hablan de diez años de vigilancia poscarcelaria. Les ha resultado siempre imposible maniobrar administrativamente sin dejar de ser policía.

No se podrá disimular más la historia cuando el pueblo vasco decida libremente su futuro. Este legado está ya en la conciencia de los que vienen y lo alcanzarán en el momento oportuno de acuerdo con la rutina psicológica que subyace a todo acto humano. ¡Adelante con la pelota!