Es de sobra conocida la dificultad, la imposibilidad de muchos ciudadanos de acceder a una vivivenda, especialmente los jóvenes, quienes más la necesitan precisamente. Pero no sólo a su compra, sino también a su alquiler. El reportaje que hoy ofrece GARA recoge el testimonio de uno de los muchos jóvenes que sufren con impotencia esa situación. Jóvenes a los que se les ofrece una supuesta ayuda y comprueban que la vivienda de alquiler social les resulta más cara que en el mercado libre, y no precisamente por que en éste los alquileres sean baratos. Los criterios a la hora de poner el precio al alquiler social no tienen en cuenta el entorno en que se encuentra la vivienda ni las posibilidades económicas de quien pretende alquilarla. Se sigue construyendo, pero quienes más necesitan las viviendas siguen sin poder acceder a ellas, y la gestión de la protección oficial parece obedecer más a campañas de marketing que a un servicio social. Bajo la apariencia de la atención a las necesidades sociales, la inversión pública va a parar a bolsillos particulares. No se trata de regalar nada a nadie, sino simplemente de garantizar derechos básicos, con los que se permite que algunos especulen.