La respuesta del Gobierno español a la última iniciativa de Ibarretxe en torno a la «consulta» es determinante: la tal consulta es inconstitucional y eso lo saben los alumnos de primero de Derecho. No le faltará -dicen- razón a Pérez Rubalcaba. La cuestión es si el Ejecutivo de Zapatero y el partido de Ibarretxe están dispuestos a que quede acreditado que la voluntad popular mayoritaria es inconstitucional. O mejor, anticonstitucional.