Este es, hasta el momento, el orden de responsabilidades que el Gobierno español establece en la actual crisis económica. Hasta hace poco la única explicación que se daba a la grave situación económica era que ésta provenía de factores totalmente externos, como el precio de algunos bienes o tendencias globales que el Estado español no podía modificar pero frente a las que se encontraba en una situación «envidiable» en comparación con el resto de estados del entorno europeo.

Sin embargo, según acucia la crisis y la gente, afectada en su bolsillo, en sus condiciones laborales y en su vida habitual, empieza a exigir responsabilidades políticas, desde la Moncloa han convertido a los paganos de la crisis en responsables de la misma. Si anteayer Antonio Álvarez-Solís analizaba en estas mismas páginas cómo el gabinete de Rodríguez Zapatero sugería que gran parte de la «culpa» era de los ciudadanos que, siempre desde la perspectiva del Gobierno, se mostraban excesivamente cautos a la hora de consumir, desde entonces hasta ahora el foco de la responsabilidad se ha trasladado hacia una parte concreta de los emigrantes: aquellos que son contratados en sus lugares de origen. Es decir, uno de los pilares de la época de beneficios récord. Pero la culpa no se dirige ahora sólo hacia los emigrantes, como ya es tristemente común en todo Europa, sino también hacia quienes no parecen dispuestos a trabajar en las condiciones en las que lo estaban haciendo esas personas venidas de fuera. Por decirlo de manera coloquial, los «sibaritas» que parecen preferir el paro a cobrar unos sueldos deleznables por realizar trabajos en condiciones pésimas.

Este análisis, parcial y retrógrado hasta extremos inauditos, sólo pretende esconder la responsabilidad que los respectivos gobiernos tienen en la crisis actual. Una situación que sólo puede entenderse en clave de crisis del sistema. Un sistema que se ha apuntalado a base de primar los intereses empresariales frente a los intereses populares. Urge por ello una reacción y una alternativa que desborde los márgenes del discurso que quiere implantar esta casta de «irresponsables».