Intentar cargar sobre los inmigrantes la responsabilidad del aumento del paro, promover la xenofobia y provocar más inmigración irregular son algunas de las consecuencias que distintos sindicatos, instituciones y asociaciones contra el racismo derivan del anuncio realizado por el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de que el próximo año suprimirán las contrataciones en origen.

El rechazo generalizado a la supresión de esta fórmula, considerada como una de las vías para la regularización de la inmigración, como una medida eficaz para hacer frente a la escalada del desempleo provocó una «réplica» continua de representantes del Ejecutivo español y del PSOE. Desde el ministro de Interior, Alfredo Rubal- caba, al secretario general del grupo del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, pasando por distintos cargos de la formación, salieron a la palestra para reiterar que es «razonable» que no se contrate a inmigrantes en origen «cuando existen dos millones y medio de parados, que pueden ser tres, honradamente hablando, porque los próximos meses no van a ser buenos».

No tuvieron reparo en reconocer, sin embargo, que «es verdad que muchas de las profesiones o los trabajos que realizan los inmigrantes ya no los ejerce la población del país», tal y como dijo Jáuregui.

Ésa es precisamente la preocupación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que advierte de que «muchas campañas pueden peligrar si se cierra la posibilidad de realizar contrataciones en origen». Subrayó que esa fórmula permite la recogida de muchas cosechas porque «hasta ahora no ha sido posible cubrir las necesidades de mano de obra en el campo con las personas inscritas en el INEM».

El sindicato agrario Unió de Pagesos explicó que en verano han mediado «en la realización de unos 3.000 contratos en origen, principalmente en Rumanía y Colombia, que suponen aproximadamente un 20% sobre el total de contratos realizados en Lleida. Será muy difícil conseguir ese volumen de trabajadores para el campo entre los parados», constató.

Más preciso fue el Departamento de Trabajo de la Generalitat al recordar que al comienzo del verano iniciaron una campaña para ofrecer trabajo en la recogida de fruta a los trabajadores parados en Lleida y que de las 1.583 llamadas efectuadas, sólo 559 personas accedieron a trabajar en el campo.

Oposición y total rechazo

CCOO y UGT también mostraron su preocupación y sorpresa porque en el encuentro que mantuvieron con Corbacho éste no les informó sobre la decisión que dio a conocer poco después.

La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, mostró su preocupación por «una deriva que empieza a ser constante» por parte de Corbacho. «Es casi como si se responsabilizara a los trabajadores inmigrantes de una situación que ellos mismos son los primeros que están sufriendo», aseveró.

En la misma línea, CCOO consideró que con «improvisaciones y ocurrencias no se hace más que cargar sobre la inmigración la responsabilidad del crecimiento de las cifras del paro, cuando son los inmigrantes quienes con mayor virulencia lo están padeciendo». Recordó que medidas como ésta «ya las puso en marcha el Gobierno de Aznar y el resultado fue una enorme bolsa de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en situación irregular que estaban ocupados en la economía sumergida y que hizo necesario el proceso de normalización ya conocido».

Esa vertiente de «cierre de puertas» a la inmigración que rezuma la medida también fue rechazada desde distintas asociaciones y organismos.

El presidente de la Asociación Solidaridad e Integración de Inmigrantes (ASISI), Hassam Arabi, afirmó que «la bolsa de irregulares se va a incrementar, y lo veremos en los próximos meses porque hay gente que iba a venir porque tiene parientes, e igual esperaba un contrato, pero si no lo puede conseguir, lo intenta de otro modo».

El responsable de la federación de ecuatorianos FINADE, Santiago Morales, consideró que «la de Corbacho es una opinión precipitada y creo que su política engloba la responsabilidad que tiene España con los distintos países con quienes ha firmado convenios de inmigración, por lo que debería estudiarlo con más cautela».

SOS Racismo aseveró el ministro de Trabajo «habla de cerrar las pocas vías legales de entrada, castigar a unos pocos trabajadores y nada dice de fomentar el empleo».

«Sus formulas xenófobas antiinmigración, no son medidas contra la crisis no tienen eficacia alguna en el empleo y sólo son cortinas de humo», denunció esta asociación en un comunicado de prensa.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) indicó que «la contratación en origen de trabajadores extranjeros, a pesar de presentarse como un elemento central de las políticas de extranjería del Gobierno español y de haberse usado para la firma de convenios con países africanos y latinoamericanos, supone una mínima cantidad de los inmigrantes que llegan a España, por lo que la eliminación de la contratación en origen difícilmente va a tener impacto en las cifras de empleo», aseveró.

«Chivos expiatorios»

«Anuncios como el del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, alimentan la errónea percepción de que al disminuir el número de inmigrantes se va a disminuir el paro y se convierte así los extranjeros en chivos expiatorios de la crisis económica», señaló la CEAR.

Desde el Ejecutivo de Lakua, su Dirección de Inmigración destacó que la medida provocará «un mayor desorden de flujos migratorios que la crisis económica no va a frenar, lo que se traducirá en más inmigración irregular, más tragedias humanas y más tráfico ilegal de personas».

Denunció que es «profundamente injusto relacionar inmigración y crisis económica como desde hace meses y de forma insistente hace el ministro Corbacho». Criticó, en este contexto, que «las únicas medidas concretas con las que el Gobierno español pretende atajar una crisis que hasta hace escasas semanas se negaba a reconocer, tienen como objetivo a la población inmigrante».

El PP, que pidió la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se alegró de que el Gobierno de Zapatero reconozca que «la capacidad de acogida de España no es ilimitada».

Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, reclamó al PSOE que no vuelvan a utilizar frases como «papeles para todos» y pidió que se actúe con «responsabilidad y sin demagogia».

Izquieda Unida, por su parte, a Corbacho de culpar al inmigrante de la falta de creación de empleo y manifestó que la contratación en origen es «imprescindible con el fin de no fomentar la inmigración desregulada».