Resulta difícil, justo es reconocerlo, abanderar los derechos y libertades y sentirse al tiempo en la obligación de justificar y explicar cómo se cercenan unos y otros a una parte de la sociedad. Eso es lo que le tocó ayer al editorialista de «Noticias de Gipuzkoa» al abordar la enésima prohibición de una manifestación de la izquierda abertzale por parte del inefable consejero Balza.

Contaba el escriba jelkide que «en esta ocasión han sido familiares de presos vascos los que han convocado una manifestación en Donostia `en apoyo a los derechos de los presos políticos vascos' a celebrar el próximo día 14 de septiembre, domingo, fecha que coincide con la celebración de la segunda jornada de regatas en la bahía de La Concha, jornada en la que está prevista la afluencia masiva de personas». Y ahora nos suelta el discurso de los derechos: «por supuesto, la libre expresión de las ideas y el derecho a manifestarse por ellas es una reivindicación absolutamente democrática sea quien sea el que la convoque».

Pero -siempre hay un pero- el editorialista del Grupo Noticias advierte que «en esta ocasión el Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha resuelto la prohibición del acto basándose en la presunción de desórdenes públicos según la triste experiencia de años anteriores». ¡Esta sí que es buena! ¿Cree el editorialista que ya hemos olvidado el penoso espectáculo que protagonizaron cientos de ertzainas armados hasta los dientes contra quienes iniciaron de manera absolutamente pacífica una manifestación en el Boulevard? ¿Cree que se han borrado las imágenes de la detención -y encarcelamiento- de Juan Mari Olano por el mero hecho de sostener una pancarta? ¿Quién protagonizó los graves desórdenes públicos? ¿No hubo algún periodista de «Noticias de Gipuzkoa» que pueda contárselo al editorialista?

Pero de lo que se trata, ante el atropello de libertades y derechos, es de echar la pelota al tejado ajeno y por eso concluye la memorable pieza asegurando que «mientras los convocantes de este tipo de actos no garanticen de forma solvente el respeto a la libre circulación de las personas y a la integridad de los bienes públicos será difícil que puedan autorizarse». Mejor hiciera el editorialista en dirigir esos consejos a Balza. Pero, claro, ¡a ver quién se atreve a levantarle la voz al señorito!