El acuerdo cerrado ayer por el PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español dio como resultado un órgano de gobierno de los jueces con siete mujeres entre sus veinte vocales -hasta ahora había dos- y sin magistrados no afiliados, a pesar de que éstos representan casi a la mitad de la carrera judicial. El acuerdo permite la renovación del CGPJ, pendiente desde hace dos años, pero no logra, según los analistas, el objetivo que ambos partidos deberían haberse fijado: el de ser más plural y menos político.

PSOE y PP destacaron el «equilibrio» alcanzado con la composición del nuevo CGPJ, así como el «perfil profesional y técnico» de los veinte nuevos vocales de este órgano.

Entre los veinte vocales que tomarán posesión el próximo día 23, después de que la lista de candidatos sea votada los próximos días 16 y 17 por el Congreso y el Senado, destacan Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ex secretaria de Estado de Interior durante el último Gobierno de Felipe González, propuesta por el PSOE, y la juez de Madrid Gemma Gallegos, designada por el PP y conocida por haber instruido el conocido como «caso del ácido bórico».

Además, también irán al órgano de control judicial la juez Inmaculada Montalbán y las fiscales Almudena Lastra y Gabriela Bravo (PSOE), la ex diputada y abogada Margarita Uria (PNV) y Concepción Espejel (PP), la presidenta de la Audiencia de Guadalajara que revocó un informe pericial que descartaba la existencia de negligencias en el incendio ocurrido en esa provincia en 2005 que causó la muerte de once miembros de un retén.

Tanto Espejel como Gallego pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que Robles es una «histórica» de Jueces para la Democracia, tercera en la carrera judicial por número de afiliados. Estas dos asociaciones han vuelto a copar la mayoría de las vocalías de extracción judicial, al conseguir once de los doce puestos: habrá seis representantes de la APM y cinco de JpD. El otro será Manuel Torres Vela, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda por número de afiliados y sin representación en el anterior Consejo.

Además de los vocales designados por PSOE, PP y PNV, en la lista de candidatos se incluye también a Ramón Camp (CiU), que fue vicepresidente del Parlament de Catalunya y uno de los ponentes del Estatut.

Así, en el CGPJ no habrá ningún juez que no esté afiliado, frente a los tres que había hasta ahora, a pesar de que casi el 50% de los magistrados del Estado español no pertenece a ninguna asociación.