La idea proclamada por Ibarretxe de animar a la ciudadanía a denunciar ante los tribunales europeos al Reino de España es atractiva pero no es novedosa. Al Reino de España ya lo denunció Miguel Castells hace dos décadas y, además, ganó el pleito. En aquel caso se trataba de una condena impuesta al letrado y ex senador abertzale por el artículo «Insultante impunidad», publicado en «Punto y Hora» y en el que señalaba las graves responsabilidades del Gobierno español en las acciones paramilitares del BVE, ATE, Triple A, etc.

Pero además de denunciar (y vencer) al Reino de España, Castells y sus compañeros de travesía política hicieron muchas más cosas. Denunciaron la falta de libertades ante el mismo Rey de España, en Gernika y puño en alto. Y pagaron prisión por ello. Defendieron en los más parciales tribunales españoles a centenares de ciudadanos presos por razón, precisamente, de esa falta de reconocimiento de derechos y libertades. Y lo hicieron cuando la dureza de los tiempos invitaba al silencio. El mismo que guardaban los compañeros de travesía política de Ibarretxe, por ejemplo. Y han recorrido el mundo para informar a quien quisiera escuchar sobre la naturaleza y consecuencias del conflicto que nos enfrenta a los vascos con ese Reino de España. Han pagado, sin duda, una dura factura por todo ello

Frente a eso, el PNV ha desmovilizado a la sociedad, ordenado reprimir a quienes defendían su derecho en la calle, desarrollado una política de acción exterior dirigida exclusivamente al negocio y a desprestigiar a los independentistas. Han pactado -y seguirán- con los sucesivos gobernantes de ese Reino al que ahora quieren que denunciemos a título particular ante la Corte Europea. La iniciativa puede parecer atractiva pero es engañosa. Porque de nada sirve una acción testimonial en la Europa de los estados y de los reinos sin una acción política valiente en Euskal Herria. Y aquí lo que vemos es lo que hay: colaboración decidida con la Audiencia Nacional; chalaneo presupuestario con Zapatero; desprecio a los familiares de presos políticos; inacción ante la política de apartheid más escandalosa que cabe imaginar; sustitución de los cargos electos proscritos... Denuncie Juan José Ibarretxe Markoartu, si quiere, al Reino de España. Que lo haga a título individual. Está en su derecho. Pero que no trate de engañarnos otra vez.