Como si de la crónica de una sentencia anunciada se tratara, el Tribunal Constitucional español, en seguimiento de un guión perfectamente trazado desde las razones de Estado y cuya primera página escribió con su recurso el Presidente español, Rodríguez Zapatero, ha procedido a anular la Ley del Parlamento Vasco por la que se convocaba y regulaba una consulta popular al objeto de recabar la opinión de la ciudadanía de Euskadi sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.

Ello supone, desde una perspectiva institucional, el desprecio más absoluto al Parlamento Vasco y sus normas jurídicas, pero desde el punto de vista político y social implica, además, un atropello democrático, toda vez que con esta sentencia se prohíbe una consulta de opinión, no vinculante, por parte de un Estado que se dice democrático y de derecho.

Desafortunadamente, el tiempo y el Tribunal Constitucional español han acabado certificando el peor de los presagios anteponiendo la razón política a la razón jurídica, la razón de Estado a la razón democrática.

La sociedad vasca debe saber que las razones políticas del Estado, que disfrazadas de juridicidad soportan la sentencia, son algo más profundo que un atentado al autogobierno vasco, puesto que en realidad nos encontramos ante la imposibilidad de emitir opinión, de dar cauce al pensamiento, y, en suma, ante la invalidez de la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de elegir representantes políticos para que luego éstos no puedan llevar adelante los proyectos prometidos cuando fueron elegidos y por los que fueron elegidos.

Ante esta declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 27 de junio, este Gobierno interpreta tristemente que la propia calidad del sistema autodeclarado en la Constitución española como democrático mantiene quiebras difíciles de entender en la Europa contemporánea. Nos hallamos en una situación insólita en la Europa democrática del siglo XXI, donde preguntar a la sociedad de cada entorno es habitual y un refuerzo para las democracias.

En este momento, y más allá de hacer visible lo que este Gobierno considera una injusticia arbitraria sufrida por el Parlamento Vasco y la sociedad a la que representa, se hace necesario transmitir a ésta, a la sociedad vasca, un mensaje de serenidad y de mirada al frente, nunca de resignación ni de pasividad, sino todo lo contrario, un mensaje de movilización pacífica en lo social y activa en lo político.

El Gobierno entiende que es la propia sociedad vasca, con el liderazgo de los partidos políticos, la que debe tomar el protagonismo que le corresponde y que las instancias del Estado quieren hurtarle, y plantear iniciativas sociales de calado jurídico dentro de las reglas de juego democrático y de participación política por ser la actitud del Estado español incompatible con una sociedad democrática y existir, en su defecto, una amenaza razonablemente próxima para la democracia.

En este contexto, el Gobierno Vasco entiende lógico y legítimo, una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas, el recurso a otras instancias supraestatales para comprobar si las actitudes políticas del Gobierno de España y los razonamientos jurídicos de su Tribunal Constitucional son compatibles con lo que en Europa se llama libertad de pensamiento y de expresión del mismo, y participación política y garantías de la misma.

Por ello, el Gobierno Vasco insta formalmente a toda la sociedad vasca, a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, y a los partidos políticos, llamados a liderar y gestionar esta iniciativa ciudadana, a la adopción de cuantas medidas de defensa de su derecho a ser consultados correspondan, denunciando políticamente y, jurídicamente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Reino de España por sus incumplimientos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al haberse impedido el ejercicio del derecho a la consulta que la Ley ahora anulada y declarada inconstitucional preveía.

Ha llegado el momento de acudir a las instancias europeas a defender nuestro derecho a ser consultados para decidir nuestro propio futuro, sin ningún temor, con confianza en nosotros mismos. No olvidemos que ayer mismo el Tribunal de Justicia Europeo reconoció a este País una capacidad de autogobierno en materia fiscal que permanentemente ha sido atacada y cuestionada por parte de la política y la justicia en España. Primero se nos negó el derecho a decidir, después se nos ha negado el derecho a consultar, a dar nuestra opinión; no permitamos que ahora se nos niegue también el derecho a recurrir aquello que acatamos pero con lo que no estamos de acuerdo por considerarlo un atropello democrático.

Por nuestra parte, como Gobierno, nos reservamos todas las iniciativas legales, sociales y políticas que se hallen a nuestro alcance para defender el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir su futuro. Y como ciudadanos y ciudadanas de este País suscribiremos el martes 23 de septiembre las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e invitamos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estimen que sus derechos fundamentales de emitir opinión y participar en la vida política han sido violados a que hagan lo mismo.

Ezker Abertzalea considera que la sentencia da la razón al análisis que el grupo había hecho sobre la cuestión de la consulta, donde ya dejó claro que el derecho a decidir de Euskal Herria no tiene cabida en el marco constitucional y autonómico español, y ni siquiera lo tiene una mera consulta para tres territorios. Porque el objetivo de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Amejoramiento «no es dar cabida a los derechos de este pueblo, sino asimilarlo poco a poco dentro del Estado español», según recalcó el grupo independentista.

Los parlamentarios Itziar Basterrika, Nekane Erauskin y Julián Martínez comparecieron en el Parlamento de Gasteiz para apuntar que Ibarretxe ya debiera saber que su iniciativa estaba condenada al fracaso, porque «ya ha tropezado dos veces en la misma piedra». Según los portavoces independentistas, «ha quedado más claro que nunca que debemos sacar este pueblo de la jaula de la Constitución. Este pueblo sólo tiene una alternativa, superar este marco y acordar uno democrático, basado en la territorialidad y el derecho a decidir».

Ezker Abertzalea considera que la iniciativa de la denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo «quedará en nada. Eso lo sabe el PNV y por eso lo hace, porque necesita vía libre para sus tejemanejes con el PSOE» En este punto los parlamentarios independentistas señalaron que EA, EB y Aralar conocen que ése es el objetivo jeltzale, por lo que se preguntan «hasta cuándo van a seguir siendo los mariachis del PNV. ¿Hasta cuándo van a facilitar la campaña electoral al PNV?»

Recordaron Erauskin, Martínez y Basterrika que la sentencia del TC llega en el décimo aniversario de que los representantes de la mayoría política y social vasca firmaran el Acuerdo de Lizarra Garazi, donde se fijaba que «Euskal Herria es el sujeto de decisión, premisa clave para la superación del conflicto».

Tras denunciar que el objetivo del PNV con sus planes ha sido vaciar de contenido aquel acuerdo, con un discurso abertzale pero restringido a la CAV, Ezker Abertzalea aseguró que «tiende la mano a quienes quieran trabajar, aprovechando y fortaleciendo los instrumentos que tenemos hoy en día, y creando nuevas condiciones para que los estados reconozcan a nuestro pueblo como nación y su derecho a la autodeterminación». I. I.

Los representantes del Gobierno del PSOE y los del PP, las dos instancias que llevaron la consulta al Tribunal Constitucional y han salido victoriosas, se tomaron la sentencia como un apuntalamiento de «las reglas del juego» y «la democracia». Estos fueron los términos utilizados por la vicepresidenta del Ejecutiva, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, para saludar la mención del TC a que la única soberanía posible es la del Estado español.

Tras el Consejo de Ministros, en calidad de portavoz del Gobierno de Zapatero, Fernández de la Vega resaltó que ya avisaron a Ibarretxe de que su «aventura» era «contraria a las reglas del juego y no prosperaría». «Y teníamos razón», se felicitó.

Igual que hizo el día que presentó su plan de consulta, el Gobierno español advierte ahora al lehendakari de que tampoco las denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrán efecto alguno. De la Vega opinó que «es muy libre de hacer lo que quiera», pero se mostró convencida de que «nadie que sea respetuoso con los procedimientos democráticos, y menos el Parlamento Europeo, va a aceptar ningún desafío contra la ley como el que él plantea».

Tras escuchar la comparecencia realizada en Ajuria Enea, la portavoz del Gabinete de Zapatero lamentó que Ibarretxe mantenga esta iniciativa de denuncia, con la que considera que busca «mantener su plan a toda costa».

Frente a ello, insistió en que la ciudadanía vasca lo que quiere es continuar en el marco autonómico actual, por lo que invitó a Ibarretxe a mantenerse en ese camino. Por su parte, afirmó que el Ejecutivo español seguirá actuando «con toda lealtad al lehendakari, pero con todo rigor». Y aseguró que lo que los vascos «quieren y merecen» no es otra cosa que «acuerdo, cooperación, lealtad y respeto a las normas democráticas». Al hilo de ello, apuntó que el desarrollo del autogobierno y el respeto a la Constitución española «son compatibles».

Desde el PP, Mariano Rajoy saludó también no sólo el sentido del fallo judicial, sino su contenido. Opinó que los subrayados hechos por el Tribunal Constitucional sobre la soberanía estatal como única válida constituyen «el triunfo de la ley, del Estado de Derecho y de la democracia».

Más claro aún fue Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP que se encargó de presentar el recurso ante el TC en su día. En rueda de prensa, calificó la decisión judicial de «excelente para todos los españoles y para los vascos a los que la voluntad secesionista del nacionalismo de Ibarretxe pretendía separar del resto de la nación española».

A partir de ahí, Rajoy opinó que «me gustaría que Ibarretxe tomase buena nota, no generase más división y confrontación, se aplicase a gobernar y a tomar medidas para resolver los graves problemas que también atraviesa la economía vasca». Este mismo argumento fue esgrimido desde el PSE por su máximo líder, Patxi López. GARA