Ibarretxe no es Uribe. Aquel no tiene capítulos oscuros en el mundo del narcotráfico ni cuenta con agentes que descuarticen a sus adversarios con motosierras. Así y todo, son muchos los matices que los homologan. El abominable desprecio del Gobierno vasco para con los presos y presas dispersadas sólo tiene parangón con la chulería con que trata a los familiares de éstos. Represión miserable que deja al descubierto las entrañas ruínes de un Gobierno que se pretende humanitario.

Los dos gobiernos tienen una semejanza sustancial que explica muchas de sus afinidades. Ambos se han planteado, entre sus objetivos estratégicos, el acabar con la izquierda comprometida de sus respectivos países. Propósito que no han alcanzado pero que los desnuda y degrada toda su gestión. Los ha convertido en gobiernos sumisos a otras instancias que les señalan el camino que deben seguir: Washington pauta a Bogotá y Madrid a Gasteiz. Su obsesión represiva los hace depender de organismos considerados como referentes mundiales por su sevicia y crueldad; tanto la Policía de Gasteiz como la de Bogotá son alumnas aventajadas del Mossad israelí. Su necesidad de éxitos en lo que ellos llaman «lucha antiterrorista» les obliga a depender de las tecnologías punteras que sólo Norteamérica les puede facilitar.

Pero la estrategia exclusivamente militar no sirve; hay que implicar a la sociedad civil para que complete y encubra el crudo hacer de los mastines. En enero de 1983 entró en vigor el tristemente conocido Plan ZEN que tenía como finalidad implicar a la sociedad en la lucha antisubversiva. El Gobierno vasco -y su eterno patrón el PNV- colaboraron con esta estrategia gastando dinerales para adaptar el Plan ZEN a nuestra realidad; fue el Informe Internacional sobre la Violencia elaborado por cinco expertos ligados a la CIA. Fruto de aquellos trajines nació el Pacto de Ajuria Enea, conocido eufemísticamente como Pacto para la Normalización y Pacificación (ya enseña la patita la bastardeada paz).

El Gobierno de Uribe ha hecho lo mismo con un ligero retraso; en 1999 se puso en marcha el Plan Colombia al que también denominaron Plan de Paz. Su dimensión militar es inapelable y clara «Hay que tener presencia más contundente de la fuerzas policiales en las zonas que controlan los grupos ilegales» (¿no fue esta la filosofía que impulsó al Gobierno vasco a suprimir el año pasado una manifestación en defensa de los presos que se había celebrado sin incidentes durante 25 años?). Pero la guerra antisubversiva no admite concesiones: «El Estado tiene que mantener su control sobre territorios ya limpiados que antes controlaban los grupos ilegales» (¿no es esta la filosofía que subyace a la nueva prohibición de este año?)

Tanto Uribe como Ibarretxe falsean esta violencia apelando a los derechos humanos («Con este plan intentamos promover los derechos humanos», dice el colombiano). Y promueven grupos pretendidamente pacifistas que se encargan del lavado de cara. Bogotá los llama «laboratorios de paz». Euskal Herria es un hervidero de gorrones que viven de las subvenciones que les regala el Gobierno militarista del PNV.