Dos días después de que el Gobierno de Bolivia decretara el estado de sitio en el departamento de Pando, las Fuerzas Armadas mantenían el control de su capital, Cobija, donde una ola de violencia desatada por grupos «cívicos» opositores al Ejecutivo con apoyo de las autoridades departamentales y locales ha dejado, según el último balance oficial, una treintena de muertos, al menos cincuenta desaparecidos -según campesinos- y graves daños en edificios públicos.

El Gobierno de Evo Morales ordenó al Ejército la detención del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, al que acusa de desacato al estado de sitio y de ser instigador de la «masacre» de campesinos que tuvo lugar el jueves en Porvenir.

Fernández, que negó haber huido a Brasil, calificó las acusaciones de «bravuconada» y «amedrentamiento» e invitó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana a que acuda a su domicilio a dialogar, aprovechando su visita a la región al frente de una comisión investigadora.

Aunque las autoridades locales habían asegurado que no acatarían la medida excepcional decretada por el Gobierno, ayer el gobernador pidió a la población que lo hiciera para «evitar mayores confrontaciones», pero aseguró que no aceptará el «abuso» de ser detenido.

La víspera había justificado la matanza de campesinos por parte de paramilitares de la Prefectura y sicarios contratados por ésta. Señaló que los campesinos iban armados y que los choques se produjeron al tratar de impedir que se dirigieran a Cobija.

Testigos aseguran, no obstante, que fue una emboscada, que los campesinos iban desarmados y cuando escucharon los primeros disparos de los francotiradores encaramados en los árboles huyeron hacia el monte, perseguidos por sus agresores.

Ayer por la mañana, los gobernadores de las cinco provincias opositoras al Gobierno (Panco, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) aceptaron continuar el diálogo con el Ejecutivo, enviando de nuevo al prefecto de Tarija, Mario Cossío, a la reunión convocada ayer, pero amenazaron con la ruptura del diálogo si se produce «una sola muerte o un solo herido más».

Sin embargo, por la tarde, en lo que calificaron un «gesto de buena voluntad» para intentar alcanzar acuerdos, los opositores anunciaron que levantarían los bloqueos de carreteras, pero mostraron su negativa a devolver las instituciones estatales tomadas en los últimos días, que han sido puestas en manos de la Prefectura para que decida cuáles se queda y cuáles corresponde devolver a la Administración central. Exigieron, además, una señal similar por parte de los piquetes que apoyan al Gobierno.

El Ejecutivo de Bolivia consideró «insuficiente» este gesto y exigió la devolución de las entidades públicas y el cese de los ataques a las refinerías y gasoductos.