Tras la manifestación del domingo
Para los acusados, el fallo supondrá «un cheque en blanco» a la represión
Los 27 militantes del movimiento pro-amnistía juzgados en la Audiencia Nacional volverán mañana «a dar la cara, como lo hemos hecho en los últimos 30 años», para, una vez más, evidenciar y denunciar la conculcación de los derechos que el Estado español ejerce contra los ciudadanos vascos. Ayer advirtieron de que a través del impulso político que se esconde en el fallo, Madrid pretende perseguir y criminalizar la denuncia de la vulneración de derechos.
Gari MUJIKA | DONOSTIA
Independientemente de los años de prisión que el tribunal especial pueda imponer a los 27 imputados del sumario contra el movimiento pro-amnistía, la sentencia condenatoria que la Audiencia Nacional española dará a conocer a partir de las 10.00 de mañana supondrá, al parecer de los encausados, otorgar «un cheque en blanco a la represión, a la tortura, a la continuación de la vulneración de derechos en las prisiones y a la conculcación de derechos civiles y políticos».
En una comparecencia llevada a cabo ayer en Donostia, en la que participaron catorce de los veintisiete imputados, los militantes del movimiento pro-amnistía, alertaron asimismo de que, junto con la perpetuación de la vulneración de derechos fundamentales, con el fallo que los tres jueces del tribunal emitirán mañana -que, a su vez, a todas luces decretará la ilegalización de Askatasuna- Madrid impondrá un nuevo «salto cualitativo» en lo concerniente a Euskal Herria: la persecución y criminalización de la mera denuncia sobre la vulneración de los derechos.
«Involución democrática»
Tanto Juan Mari Olano como Julen Larrinaga concluyeron que, con el fallo condenatorio, «una decisión política tomada de antemano y a la que pondrán una vestimenta jurídica», se demostrará que el Gobierno español no cuenta solo con una estrategia global de ilegalización, sino también con «toda una vía de involución política y democrática para este país».
«Hace nueve, diez años, cualquier sector político podía hacer candidaturas electorales en las elecciones; ya no. Hace siete años se podían hacer movilizaciones; ya no. Y hace tres años un preso entraba en la cárcel y sabía cuándo podía salir; pero ya no», denunciaron, a la par que criticaron el papel activo que, a su juicio, ejerce el Departamento que dirige Javier Balza, «haciendo el trabajo de perro de la Audiencia Nacional».
Al respecto de la carga de la Ertzaintza en el Bulevar de Donostia, Olano criticó que «en este pueblo parece que la gente se ha acostumbrado a ver cómo la Policía apalea a personas indefensas por manifestarse». No obstante, advirtió de que «pensar que con cientos de policías porra en mano se va a frenar la denuncia de la situación que hay en las cárceles y que sufren los presos políticos es no conocer al pueblo y errar, una vez más, en el análisis político».
A este mismo respecto, Olano y Larrinaga afirmaron que «generando más presos y represaliados políticos», en referencia a la sentencia, el tribunal y el Gobierno español no harán desaparecer al movimiento pro-amnistía. Concluyeron que ningún represaliado político vasco «caminará nunca solo» y que la solidaridad hacia ellos tampoco la podrán paralizar.
El movimiento pro-amnistía informó ayer de que en el contexto de la citación de los imputados para la lectura del fallo contra los 27 militantes antirrepresivos juzgados en la Audiencia Nacional española, que comenzará a partir de las 10.00 de mañana, por la tarde se llevarán a cabo movilizaciones de protesta en distintos municipios vascos.
Al respecto, Juan Mari Olano, durante la comparecencia realizada ayer en Donostia, invitó a los ciudadanos vascos a «defender lo que cree que es justo, a defender el ejercicio de derechos en este país y a movilizarse en ese sentido». A su parecer, manifestarse es imprescindible para «construir un muro de ciudadanos contra la represión».
Una semana después de que el consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Javier Balza, protagonizase un enfrentamiento dialéctico con la asociación de familiares de los represaliados, Etxerat, por su negativa a recibirles para que le dieran cuenta de la situación que viven sus allegados en las cárceles españolas y francesas, ayer, la Mesa del Parlamento de Nafarroa, que preside la representante del PSN Elena Torres, cerró también la opción de que lo que no pudo ser en Gasteiz, pudiera realizarse en Iruñea.
«La Mesa ha rechazado la admisión a trámite de una solicitud de celebración de sesión de trabajo para que representantes de la asociación de familiares de represaliados políticos Etxerat informen sobre el estado de salud de los presos políticos navarros». De esta forma, en una nota escueta, rechaza la Mesa de la Cámara de Iruñea la personación de los familiares de los prisioneros. La petición, que fue realizada por los parlamentarios de la coalición Nafarroa Bai, sólo ha contado con el respaldo de sus votos. Contra la personación de la asociación de familiares, a su vez, se posicionaron tanto PSN como UPN, CDN e IUN, por lo que la propuesta no pasó la criba protocolaria que establece el Parlamento de Nafarroa.
Cabe subrayar que la Mesa del Parlamento navarro suele vetar, por costumbre, toda iniciativa que guarde relación con el conflicto político que vive el país. En este caso, también se ha repetido esa situación, pese a que la personación de Etxerat, en todo caso, se limitaba a una sesión informativa sobre el estado de salud que padecen los navarros recluídos en las prisiones.
Los imputados del movimiento pro-amnistía alertaron de que, con el fallo, Madrid pretende perseguir y criminalizar la mera denuncia de la conculcación de los derechos básicos.
