Europa estudia la concesión de la autorización ambiental a Petronor
La Comisión Europea ha admitido a trámite la queja promovida por la Coordinadora Anti-Coke contra la resolución de 6 de mayo del viceconsejero de Medio Ambiente que otorgó a Petronor, de forma condicionada, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la actividad de la refinería de Muskiz. Esta iniciativa ante instancias comunitarias se impulsó después de que Lakua no respondiese a un recurso de alzada presentado contra su controvertido permiso.
Agustín GOIKOETXEA |
Miembros de la Coordinadora Anti-Coke no pudieron ayer, en la rueda de prensa ofrecida en Bilbo, ocultar su satisfacción por que la Secretaría General de la Comisión Europea (CE) haya aceptado tramitar su queja. Los promotores de la iniciativa acudieron a Bruselas en agosto después de que Medio Ambiente de Lakua no contestase a su recurso de alzada contra la autorización ambiental a Petronor.
La queja, que será estudiada en la Dirección General de Transporte y Energía de la CE, se fundamenta, según informaron los vecinos afectados por la actividad de la refinería, en que entienden que el Gobierno de Gasteiz cometió un «fraude» al espíritu de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, Evaluación de Impacto Ambiental y Aguas al otorgar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al complejo donde se refinan 12 millones de toneladas anuales de petróleo.
Los promotores creen que la concesión es «inadecuada e irregular», dada la contaminación que causa esta infraestructura «y los daños que viene generando sobre el medio ambiente y la salud de la población» desde 1968, cuando un decreto franquista la autorizó.
Con la resolución del pasado 6 de mayo, en opinión de la Coordinadora, los responsables de Lakua trata de legalizar la situación irregular de la refinería, que no dispone -subrayaron- de licencia de actividad ni de las preceptivas evaluaciones de impacto ambiental necesarias para ir incrementando su capacidad de refino de los dos millones de toneladas a los doce actuales. Estos estudios son obligados desde hace 22 años aunque no se efectuaron para una decena de instalaciones construidas en el complejo petroquímico desde 1989 hasta 2005.
Tampoco dispone Petronor, tal y como lo resaltan en su escrito a la Comisión, de autorización de vertido de aguas residuales al Cantábrico. Hace cuatro años, trató de renovar una autorización que obtuvo en 1999 sin conseguirlo. Desde el colectivo vecinal informan a los responsables de la CE de que son los vertidos ocasionales de la refinería los que impiden que la calidad de las aguas del estuario del Barbadun mejore.
«El procedimiento de Autorización Ambiental Integrada se ha visto desvirtuado, ya que no se ha desarrollado para el cumplimiento de sus objetivos, es decir, lograr un grado de protección elevado mediante las mejores técnicas disponibles, sino que se ha utilizado para legalizar una situación que era ilegal de partida sin reconsiderar -remarca la Coordinadora Anti-Coke- la situación creada por el acumulo de contaminación generada a lo largo de cuarenta años ni sus afecciones en la salud de las personas y del medio ambiente».
Además, desde la plataforma incidieron en que la legislación europea, española y autonómica no contempla la figura de la AAI de «eficacia diferida» que permite la actividad de Petronor. A través de ella, el Gobierno de Gasteiz da un plazo de seis meses a la compañía que preside Josu Jon Imaz para que adopte un conjunto de condiciones, entre las que se encuentran el control de las emisiones atmosféricas y medición de ruidos.
«Todas estas actividades, programas y planes, debieron acometerse previamente y no con posterioridad a la concesión de autorización alguna», defienden los afectados, cansados de denunciar durante décadas las irregularidades de la refinería sin que sean tenidas en cuenta por las instituciones locales, autonómicas y españolas.
Otro aspecto que fue denunciado por los vecinos de Abanto, Muskiz y Zierbena, es el incumplimiento en el plazo de resolución del expediente de Petronor, al rebasarse «en más de un año el plazo máximo otorgado» por la Directiva de Control Integrado de la Contaminación. Asimismo, citan que en la solicitud de la filial de Repsol faltan documentos y que la participación e información pública se ha visto «limitada y obstaculizada».
Antes de final de año
La Coordinadora Anti-Coke aventura que para final de año, a lo máximo en doce meses, habrá un dictamen de Bruselas. En primera instancia, la Comisión buscará un acuerdo amistoso entre la plataforma y el Gobierno de Gasteiz que representa los intereses del Reino de España en esta materia tras dar audiencia a las partes. En caso contrario, llegará la resolución judicial. «Los plazos son más rápidos que en la Justicia española», aclararon.
Los afectados quieren que la Comisión inste al Estado español, y por consiguiente al Gobierno de Gasteiz, a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Integrada del conjunto de la refinería en que se respeten las medidas legales sobre información y participación pública y se analice el impacto del complejo y su ampliación sobre la salud de las miles de personas que habitan en su entorno.
Los vecinos buscarán en Europa el amparo que, a su juicio, no les brindan los ayuntamientos de Abanto, Muskiz y Zierbena, así como Lakua ante Petronor. Criticaron el «vasallaje» de las instituciones públicas ante la compañía petrolera, recordando la visita de la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, y de los líderes de EA, PSE y PP a sus directivos, sin hacer lo propio al Consistorio muskiztarra.. «No cuidan ni siquiera las formas», apostillaron.
Fernando Urrutikoetxea, integrante de la plataforma, aclaró que las iniciativas que desarrollan no persiguen el cierre de la refinería, tal y como se les acusa, sino que la empresa que lidera Imaz cumpla definitivamente la ley. Citó, por ejemplo, que el 70% de las instalaciones del complejo petroquímico se encuentran en terrenos públicos, sin que Costas, dependiente del Ejecutivo español, actúe, o que no hay un control municipal efectivo de las emisiones a la atmósfera. Además, lamentó que Osakidetza no efectúe un estudio en profundidad sobre los «preocupantes» niveles de cáncer de pulmón y cerebro en Ezkerraldea y Meatzeta.
Tras reiterar su acusación de que las diferentes administraciones son «cómplices» de las irregularidades que llevan años denunciando ante diversas instancias oficiales, calificaron de «triste» que se argumente a favor de Petronor en base a los millones de euros que aporta anualmente a las arcas de la Hacienda vizcaina mientras se obvia «que se juega con la salud» de los vecinos de Ezkerraldea y Meatzeta.
La Coordinadora Anti-Coke no busca cerrar las instalaciones de la filial de Repsol sino que la compañía petrolera cumpla la ley en beneficio del medio ambiente y de la salud de todos los vecinos de Ezkerraldea y Meatzeta.
Los vecinos denuncian que no hay constancia de que Petronor disponga de licencia de actividad para su refinería, a pesar de que lleva desde 1968 en funcionamiento. La única prueba es de tipo verbal, según aclararon.
La plataforma vecinal incidió en que el castillo de Muñatones se encuentra fuera de ordenación urbanística por lo que las oficinas de Petronor no pueden estar emplazadas allí como lo permite el Consistorio de Muskiz.
La Coordinadora Anti-Coke ha solicitado formalmente a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Lakua, al Ministerio español de Industria y al Consistorio de Muskiz, una copia de las licencias de obras, actividad, así como de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que, en su momento, se expidieron para autorizar la apertura de la refinería de Petronor y que ha servido de base para otorgarle el pasado 6 de mayo la Autorización Ambiental Integrada «diferida».
El jueves, 18 de setiembre, un mes después de registrar sus peticiones, una vez que tengan constancia de que la compañía petrolera tan sólo dispone de un decreto de 1968, pedirán a las diferentes administraciones que obliguen a la filial de Repsol a dejar de declarar que tiene los permisos pertinentes, como lo viene haciendo.
La plataforma denunció que Petronor, a pesar de no contar con licencia para construir la planta de coque, acomete desde hace unos meses trabajos de acondicionamiento de los terrenos donde la pretende asentar gracias a una licencia de usos futuros que otorgó la anterior Corporación municipal, presidida por el jeltzale Gualber Atxurra. El colectivo incidió en que el ex alcalde, trabajador de la refinería, al incorporarse a su ocupación ha pasado de ser operario a miembro del equipo directivo fuera de convenio y algunos familiares han entrado también a la plantilla de la petrolera.
En estas licencias «irregulares» se basa el teniente alcalde y delegado de Urbanismo, Fernando Martín (PSE), para permitir que las obras de perforación continúan, incluso a las 1.10 de la madrugada.
La Coordinadora Anti-Coke ha iniciado una campaña contra el patrocinio de Petronor de la camiseta del Athletic con la colaboración de ex jugadores rojiblancos como Juanjo Elgezabal e Ismael Urtubi y peñas, que se irá desarrollando en los próximos meses. Gontzal Bilbao, en nombre de la plataforma ciudadana, se preguntó cómo la entidad de Ibaigane se ha podido asociar con una empresa que perjudica a los vecinos y al medio ambiente de Ezkerraldea y Meatzeta con «sus negras actividades».
Para el colectivo, los 6,2 millones de euros que aportará la compañía petrolera a las arcas del Athletic por publicitar su marca durante tres años es «irrisoria» frente a la proyección social que tiene el club centenario y las cifras por patrocinio que obtienen otros de la Liga española. El acuerdo alcanzado entre la empresa que preside Josu Jon Imaz y la directiva de Fernando García Macua sirve, en su opinión, a Petronor para «lavar su imagen deteriorada» y poco al club de fútbol. La Coordinadora estima que el presidente rojiblanco ha actuado «como un jugador de mus de `chica', con la bienintencionada idea contable de equilibrar el presupuesto anual» aunque sin valorar la repercusión sobre la propia masa social del Athletic.
«Lo que no saben es que los vecinos y vecinas a quienes maltratan con su actividad altamente degradante, contaminante y peligrosa también son del Athletic y van a seguir enfermando viendo hipotecada su calidad de vida gracias a ellos», manifiestan, poco antes de subrayar que la entidad rojiblanca «ha sido un ejemplo de club honesto, transparente y señor, justo todo lo contrario de lo que representa la empresa que lleva en su camiseta».
La campaña tratará de «decir no a Petronor y sí al Athletic y a la vida», resaltaron desde la plataforma vecinal, satisfecha de los primeros frutos obtenidos con su iniciativa.
