Los intentos por derrocar a Morales y su Gobierno, a debate en La Moneda
Chile acaba de recordar el 35 aniversario del derrocamiento del legítimo Gobierno de Salvador Allende. 35 años después, el fantasma del golpe de Estado amenaza de nuevo a un país latinoamericano, en este caso, Bolivia. Por ello, su presidente, Evo Morales, consideró simbólico que la cumbre extraordinaria de la Unasur se celebrase en el Palacio de la Moneda, escenario del levantamiento militar de 1973. De la reunión saldrá una declaración de apoyo a Morales.
GARA |
Fruto de la fusión de la Comunidad Andina de Naciones -Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia- y el Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela- el 23 de mayo en Brasilia, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) afrontó ayer su primera prueba de fuego; cómo ayudar a Bolivia a resolver la crisis desatada tras las violentas protestas de la oposición y la muerte de una treintena de personas, y cumplir su objetivo fundacional, es decir, «construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un espacio regional integrado».
La ausencia más notoria fue la del presidente peruano, Alan García, que alegó que tenía programado un viaje oficial a Brasil. El resto de los nueve dirigentes, incluido el colombiano Álvaro Uribe, se trasladaron a Santiago de Chile para intentar lograr una salida al conflicto.
A su llegada al Palacio de la Moneda, fuertemente custodiado, fueron recibidos por la presidenta de turno de la Unasur y de Chile, Michelle Bachelet.
En calidad de país anfitrión, propuso el envío de una misión a Bolivia para ayudar al establecimiento de una mesa de diálogo. Según explicó el canciller Alejandro Foxley, secretario de turno de la Unasur, el envío de dicha misión estaría supeditado a la autorización de Bolivia.
Adelantó también que el punto principal del borrador de la declaración que se iba a someter a debate para su eventual aprobación era «el reconocimiento de la autoridad legítima del Gobierno boliviano» y de Evo Morales como «interlocutor principal en el diálogo que debiera llevarse adelante».
«Ojalá que sea asumida por consenso de todos los presidentes», comentó Foxley.
La reunión, convocada el sábado por la mandataria chilena con carácter urgente, se celebró a puerta cerrada en el Palacio de la Moneda. No había plazo alguno para su finalización por lo que se preveía larga -comenzó a las 21.00, hora de Euskal Herria-. Una vez acabada, estaba previsto que Bachelet diera lectura a la declaración final.
Tras descender del avión, Morales manifestó que el objetivo de su presencia en esta cumbre era dar a conocer los intentos por perpetrar «un golpe cívico prefectural» y denunció el saqueo, robo y toma de instituciones públicas, los ataques contra gaseoductos y, ante todo, «la masacre de los sectores más pobres del país, los campesinos e indígenas». Con el recuerdo de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973, Morales resaltó el valor simbólico de que el escenario de esta cumbre fuera el mismo que vio caer al Gobierno de Salvador Allende por el golpe de Estado militar, encabezado por Augusto Pinochet.
Rafael Correa y Hugo Chávez también se expresaron en la misma línea. «Si algún pueblo tiene en su memoria cómo es una operación para desestabilizar un país, ese es el pueblo chileno (...) Han pasado 35 años y están tratando hacer lo mismo con el presidente Morales, pero América ya no es la misma», subrayó el presidente venezolano.
Denuncia de la CIDH
Las voces de apoyo a Bolivia y su gobernante no sólo provienen de países vecinos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer «enérgicamente» los graves actos de violencia de las últimas semanas. En un comunicado, destacó que un grupo de personas, con el presunto respaldo del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, intentó impedir violentamente un encuentro de indígenas y campesinos, que causó cerca de treinta muertos.
Además de instar al Gobierno a que adopte «las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción», le urgió a impulsar una investigación sobre los hechos y sancionar a los responsables de estas muertes.
Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que el saqueo y la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria pueda obstaculizar los programas dirigidos a erradicar la situación de servidumbre, análoga a la exclavitud, en la que están algunas familias guaraníes en el Chaco.
Por su parte, la Federación Unica de Trabajadores de Pando, cuyo dirigente, Luis Adolfo Mayar, informó que ya se han identificado nueve cadáveres, mientras que 16 aún no han sido reconocidos. Otras 106 personas permanecen desaparecidas mientras que el número de heridos asciende a 25. Las autoridades no descartaban que sean muchos más ya que mucha gente todavía está escondida en casas de familiares o amigos.
En las últimas horas se han encontrado los cuerpos de más campesinos en el monte y los ríos de la zona donde se produjo la matanza, en el municipio de El Porvenir, en Pando. El Gobierno anunció que pedirá el procesamiento del prefecto Leopoldo Fernández, y su condena a 30 años por genocidio.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno el domingo por la noche, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dejó claro que no permitirán «impunidad» y pedirán la condena «sin derecho a indulto».
«Insistimos que a la brevedad posible se tiene que llevar adelante una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de lo sucedido. Estamos convencidos de que ese proceso tendrá que acabar en una sentencia en contra de uno de los criminales más grandes que tiene la vida republicana de nuestro país», destacó.
En La Paz, mientras, decenas de miles de personas secundaron una gran marcha de apoyo a Morales. «Estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender al camarada Evo», exclamó Hermina Choquetarki.
«He venido por la memoria de las víctimas. Es nuestra juventud la que está pagando el precio de la violencia», añadió Natividad Flores, de 55 años. En la solapa de su chaqueta se podía leer «por la dignidad y la unidad de Bolivia». Para el dirigente sindical Baulio Rocha Tapia, el único objetivo de los opositores es «conservar todas las riquezas y la tierra. No seguiremos con los brazos cruzados».
Tras una maratoniana reunión de siete horas, Gobierno y oposición parecían dispuestos a firmar un principio de acuerdo. «Estamos en la buena dirección», dijo Mario Cossío, prefecto de Tarija, que actúa como portavoz.
El presidente Hugo Chávez denunció una presunta conspiración internacional «liderada por EEUU» para derrocar a Morales. «Vi a Allende cómo caía, yo era cadete. Han pasado 35 años y están tratando hacer lo mismo», resaltó.
La Policía impidió con gases lacrimógenos y chorros de agua que la marcha convocada por la Asamblea Nacional de Derecho Humanos en recuerdo a las víctimas de la dictadura pasase junto al Palacio de La Moneda. Hubo, al menos, 28 detenidos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió ayer que si la oposición vence en la ciudad portuaria de Guayaquil con su «no a la nueva Carta Magna», se podría reproducir en Ecuador la crisis que vive Bolivia. A este respecto, subrayó que los grupos opositores pretenden vencer en Guayaquil «para seguir desestabilizando -al Gobierno- y continuar con su proyecto separatista». «En el supuesto de que gane el `no', tendremos un foco de inestabilidad permanente en Guayaquil», vaticinó. La consulta será el próximo día 28.
Remarcó también que estos grupos tienen una alianza con los de Santa Cruz, en Bolivia, y los de Zulia, en Venezuela. «Si el no vence, en Guayaquil -bastión de la oposición- tendremos una nueva Santa Cruz», insistió. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acusó a Correa de confundir «autonomía con separatismo».
Sobre la crisis en el país vecino, afirmó que los mandatarios latinoamericanos no aceptarán «un nuevo Pinochet, ni separatismo». «Se va a mantener la democracia y la unidad en Bolivia», resaltó.
En cuanto a la decisión del presidente Evo Morales de expulsar al embajador estadounidense en La Paz, y la de Hugo Chávez, que hizo lo mismo en solidaridad con Bolivia, Correa consideró que «deben tener evidencias para haberlos expulsado.
«Si yo tuviera evidencia de que Estados Unidos o el país que fuere está financiando a grupos para desestabilizar el Gobierno u oponerse a la Constitución, tenga la seguridad que, inmediatamente, expulsaría al embajador», comentó.
Santa Cruz de la Sierra, epicentro del movimiento autonomista y opositor al Gobierno de Morales, es un símbolo de la complejidad de un país escindido entre dos modelos casi irreconciliables de entender la política, el país y la vida.
La ciudad, de casi millón y medio de habitantes, es capital del departamento más próspero de toda Bolivia, ocupa un tercio de la superficie del país y alberga 2,6 millones de habitantes. Aunque pasa por ser el epicentro de la Bolivia tropical y colonial, basta con abandonar el coqueto centro urbano de calles porticadas y chalés para ingresar en otra realidad.
Un tercio de los cruceños viven alojados en un enorme barriada humilde conocida como Plan 3.000, habitada mayormente por indígenas llegados del occidente andino en oleadas en los últimos treinta años. Como es de mal gusto llamarse «blanco» frente a «indio, los locales utilizan los términos «cambas» y «collas» para enmascarar un racismo del que se acusan mutuamente.
En la tarde del domingo, la buena sociedad cruceña se da cita en la Plaza de las Armas, centro de la ciudad, para oír misa como en la Basílica, que se llena hasta el punto de que es necesario sacar sillas de plástico para los cientos de personas que la oyen desde la calle. Jovencitos «cambas» se pavonean poco antes de la misa mayor con palos, cadenas y máscaras a vista de todo el público, convocados por la Unión Juvenil Cruceña, fuerza de choque del autonomismo, hasta el punto de que varios de ellos dicen no ser bolivianos, sino simplemente cruceños.
«Ellos no nos quieren y nosotros no los queremos», sentencia Angelo Céspedes, vicepresidente de la Unión, antes de asistir a una estruendosa quema de cohetes por parte de sus chico en plena plaza, unos cohetes de gran calibre que aquí a nadie parecen incomodar.
«En este país hasta los militares y policías están con el MAS -el partido del presidente Evo Morales-», dice pero asegura que la UJC y los «comités cívicos» cuentan con 20.000 afiliados y no temen a nadie.
«El problema es que los unionistas se creen los dueños de Santa Cruz», opina, por su parte, Mariela Mendoza, una joven que regenta una zapatería en el corazón del Plan 3.000. Considera que el problema está en que sus vecinos de los barrios ricos se niegan a aceptar a Morales. «Llega al poder una persona sin educación ni cultura pero con enorme carisma, que además lo hace bien, y el crueceño, que es trabajador, estudia y se prepara, no acepta que un don nadie lo gobierne», manifiesta.
La retórica indigenista, populista y socialista de Morales tiene muchos partidarios en el Plan 3.000, pero en Santa Cruz provoca sarpullidos.
La elite de una ciudad que se hizo próspera a sí misma, que ha sabido crear riqueza de la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio, antes de la llegada de los hidrocarburos, no acepta de buen grado a «un presidente que nos quiere imponer un modelo cubano», dice un ingeniero identificado como Fernando Gutierrez.
Sólo los jóvenes cruceños «campas» se atreven a expresar en voz alta sus deseos de independencia, mientras que sus mayores piden sólo una mayor autonomía y acusan a todos los medios de comunicación de «demonizarlos».
