«Desde el primer día del juicio hasta el último, lo único que se ha demostrado es que somos militantes del movimiento pro-amnistía. Bien. Eso ya lo decimos nosotros, que lo único que hemos hecho ha sido denunciar la represión en los últimos 30 años. Y, el miércoles, volveremos a dar la cara, no por nosotros, sino por todos los represaliados políticos vascos». Así lo adelantaba el lunes, en su hasta hoy última comparecencia pública Juan Mari Olano, y así ha sido: la Audiencia Nacional ha condenado a 21 de los 27 vascos imputados por esa tarea: defender los derechos fundamentales, denunciar la vulneración sistemática de las mismas, denunciar la tortura, la represión de los estados y, entre otros aspectos, apoyar a los represaliados vascos y a sus familiares.

Una actividad, trabajar en el movimiento pro-amnistía, que nunca han ocultado y de la que han reiterado mostrarse orgullosos, además de dar por sentado que con su encarcelamiento no finalizará su compromiso para con Euskal Herria y, en concreto, su labor de denuncia de «todas las caras» de la represión que ejercen los estados.

Juan Mari Olano (1955, Gaintza), es, probablemente, a quien más han enfocado los focos y uno de los imputados que, a lo largo de muchos años ha permanecido en la mira represiva de los estados español y francés. En el de todos sus representantes. Tras una mención expresa en su contra desde el Gobierno de Lakua, Olano fue arrestado por la Ertzaintza en la manifestación por los presos políticos vascos de setiembre de 2007 de Donostia. Acto seguido, fue encarcelado. En el juicio, el tribunal ha empleado ruedas de prensa en las que participó como pruebas en su contra.

Multas por manifestarse

El vecino de Villabona Julen Zelarain (1967, Donostia) también ha sido penado con diez años de prisión por el tribunal especial. «El movimiento pro-amnistía es la solidaridad con letras mayúsculas y es un orgullo militar en él», afirmó Zelarain en la Sala que lo ha juzgado por su trabajo de más de quince años en esa tarea «solidaria».

Aitor Jugo (1964, Galdakao), ha sido el tercer vasco al que los tres magistrados que han juzgado este sumario han condenado a una decena de años en prisión. Su delito, responsabilizarse ante la Ertzaintza de movilizaciones en defensa de los derechos de los presos políticos vascos como la realizada en junio de 1995 en Bilbo y por la que Lakua le abrió un expediente sancionador.

Aficionado al monte y con estudios de fotografía, contra el vecino de Algorta Jagoba Terrones (1969, Berango), el tribunal especial español ha empleado pruebas tan contundentes como haber afirmado que «la instalación de un cuartel de la Guardia Civil sería un centro de detención y tortura». De la misma forma, contra Jorge Txokarro (1971, Iruñea) pesa la reconocida acusación de haber participado en la campaña «Alde Hemendik!», porque «no se os quiere ni se os necesita».

Julen Larrinaga (1967, Bilbo), informático y licenciado en Biología y Filosofía, además de emplear en su contra las comparecencias en las que ha participado, la Audiencia Nacional lo acusa, en base a escuchas policiales, de organizar ongi-etorris a los ex presos políticos vascos.

Mánager de varios grupos musicales, el donostiarra Aratz Estonba (1979, Donostia) también ha participado desde muy joven en el movimiento pro-amnistía. Sin ir más lejos, el pasado 21 de junio participó en la Universidad de Sevilla en una mesa redonda que grupos de la ultraderecha intentaron boicotear por debatir sobre el estado de los vascos en las prisiones.

Por denunciar la tortura

Ainhoa Irastortza (1975, Ordizia) también ha participado en el movimiento pro-amnistía desde joven, máxime teniendo en cuenta que desde temprana edad contaba con un hermano preso en el Estado español. Sobre Iker Zubia (1977, Gasteiz), como sucede con el resto de los encausados, pesa la acusación de militar en el organismo antirrepresivo en la capital alavesa, igual Maite Díaz de Heredia (1971, Gasteiz) -actualmente en prisión tras el operativo de Segura contra Batasuna-, que cuenta con un hermano preso y a la que acusan de denunciar que «la tortura es un medio de obtención de pruebas y de dictar sentencias».

Josu Beaumont (1966, Iruñea), que también conoció la vida carcelaria antes del operativo contra Gestoras Pro-Amnistía en 2001, también es un conocido militante de Alde Zaharra de Iruñea por su labor de denuncia de la represión, como Alex Belasko (1971, Iruñea).

El delito de Txema Olabarrieta (1957, Barakaldo), por su parte, reside en afirmar en foros públicos que «el Gobierno Galo no es un mero colaborador en la represión, sino que participa plenamente» de ella. El vecino del barrio bilbaino de Santutxu Gotzon Amaro (1977, Burgos) también ha militado desde joven en el movimiento pro-amnistía, recordando, con artículos de opinión, figuras como la del padre del fallecido preso Joseba Asensio, Alonso Asensio, por su tarea en la solidaridad hacia los represaliados políticos vascos.

Gorka Zulaika (1962, Pasaia), también aficionado a la montaña, es acusado de participar en reuniónes de coordinación de la izquierda abertzale, mientras que al que fuera presidente de la Peña Bittor Alkiza de Alde Zaharra de Bilbo, Jon Imanol Beaskoa (1968, Bilbo) le acusan de llevar la contabilidad.

Gari Arriaga (1956, Iurreta) declaró ante el tribunal especial que su labor en el movimiento pro-amnistía se describe como que «somos una agencia de prensa que pone en evidencia los puntos negros de la democracia española».

Contactar con Telefónica

El azkoitiarra Xabin Juaristi (1975, Azkoitia) también ha ejercido de forma pública su militancia, realizando ruedas de prensa o declaraciones a los medios en distintas movilizaciones. La sentencia recoge como prueba delictiva en su contra el haber encontrado «un documento sobre balance de las denuncias sobre torturas en el año 2000». Ante el tribunal, aseguró que «no entendéis a los vascos y no es un problema de lengua, sino de mentalidad democrática».

Contra Iñaki Loizaga (1970, Gasteiz), a su vez, el tribunal especial emplea como prueba el que contactase con Telefónica para que volviesen a reponer las líneas telefónicas «que venía usando Gestoras Pro-Amnistía, y eran, las que iban a mantenerse en Askatasuna». Contra el vizcaino Asier Virumbrales, a su vez, se emplean como prueba el haber hallado en su domicilio un documento denominado «Askatasun Ohiua».

Ixone Urzelai, Juan Antonio Madariaga, Julen Arzuaga, Maitane Méndez, Jorge Luis Arredondo y Mitxel Sarasketa han sido absueltos por el tribunal especial. Seguro que, de camino a casa, aún no entendían por qué ellos vuelven y sus compañeros se quedan. Todos han trabajado con el mismo fin, con igual energía, por los mismos derechos, contra la misma represión. Aunque la mayoría de los condenados han sido fulminantemente encarcelados, todos los imputados ya dejaron claro su determinación: «Ningún represaliado político caminará nunca solo».