El lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunció el pasado 1 de setiembre la puesta en marcha de una iniciativa, cuya gestión y dirección dejaba en manos de los partidos, para denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la conculcación que supondría que el Tribunal Constitucional anulara la Ley de Consulta o no levantara la suspensión de la misma antes del 15 de setiembre. Y aseguró que el día 16 tanto él como el resto de miembros del Ejecutivo interpondrían sus denuncias a título individual, puesto que no pueden hacerlo como Gobierno.

Al tiempo que los expertos -incluso los partidarios de la consulta- cuestionaban la viabilidad de la denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo, PNV, EA, EB y Aralar comenzaron a mantener reuniones para ver cómo formalizaban la iniciativa.

El primer encuentro lo tuvieron el 5 de setiembre y el segundo el 12, al día siguiente de que el Tribunal Constitucional anulara la ley. Fue entonces cuando los partidos anunciaron una «comparecencia conjunta en la que se valorará dicha sentencia y se trasladarán a la sociedad los pasos que se darán en adelante a la vista de la situación». El mismo día, el lehendakari posponía al día 23 la firma de sus demandas particulares y la adhesión a la de los partidos.

Después de que las ejecutivas analizaran por separado la cuestión el pasado lunes, PNV, EA, EB y Aralar mantuvieron ayer un nuevo encuentro, en el que decidieron sustituir la anunciada comparecencia conjunta por un escrito.

Según fuentes consultadas por GARA, las dudas sobre la viabilidad del recurso a Estrasburgo que alberga un importante sector del PNV llevó a anular la comparecencia, puesto que la dirección de este partido no querría dar demasiadas explicaciones sobre una medida en la que no cree firmemente.

EA, por su parte, anunció ayer en rueda de prensa, en la que presentó el Alkartasun Eguna del domingo en Laudio, que realizará iniciativas en favor del derecho a decidir «solos o en compañía» de otros partidos.