No me refiero al «lunes negro» con la quiebra de Lehman Brothers que hizo tambalearse el sistema financiero mundial y supuso una oleada de pérdidas bursátiles, porque, además, probablemente a nadie que lea este txoko le habrá afectado ese maremágnum. Sin embargo, aunque esperada, seguro que a la práctica totalidad nos ha tocado muy de cerca la marea de ilegalizaciones y el encarcelamiento de personas cuyo «delito» es ser militantes del movimiento pro-amnistía y denunciar la represión y la tortura. No se les imputa ningún cargo delictivo de modo individual, son independentistas y eso les basta, tanto al Gobierno que ha impulsado estos sumarios como a las y los jueces que, menos derecho y justicia, aplican cualquier cosa.

También la semana pasada, con la crisis como telón de fondo, se ha empezado a poner contra las cuerdas a un colectivo vulnerable por definición: las y los inmigrantes. Por un lado, se aprobó en el Congreso una proposición de CiU que abre la puerta al endurecimiento de la Ley de Extranjería. Todos los partidos, menos IU Y el PP -a éste le parece poco- apoyaron la moción para modificar la ley de 2000, que ya fue muy polémica por su dureza, para adaptarla «a la nueva realidad social, económica y normativa»; esto es, para hacerla más coercitiva en este momento de crisis económica. Por su parte, el Gobierno del PSOE, que ya sin tapujos está dando un vuelco en su política de inmigración, aprobó el Plan de retorno voluntario de inmigrantes extracomunitarios. Con este Plan, quienes estén en paro pueden cobrar el desempleo en dos plazos siempre que vuelvan a sus países de origen y no regresen en 3 años, sin ninguna garantía de que entonces puedan volver a entrar. Pocas serán las inmigrantes que puedan acogerse a este plan, porque ellas ni siquiera cotizan ya que la mayoría trabaja en el servicio doméstico o en la economía sumergida.

En todo caso, este es un plan perverso, porque después de utilizar la mano de obra de estas personas en aquellos trabajos que nadie quería -vendimia, construcción, hostelería, servicio doméstico, cuidado de personas dependientes...- ahora, como estorban porque ya no son económicamente útiles, se pretende echarles. Ello se une a todo el discurso mediático y político -Rajoy lo ha dejado claro- por el que se presenta a las personas inmigrantes como «ladronas» de empleo de las autóctonas y monopolizadoras de las ayudas sociales -cuando no directamente como delincuentes- lo que exacerba el racismo y la xenofobia. Se ha dejado atrás el discurso de que las y los inmigrantes son un componente fundamental de la economía, equilibran la demografía y aseguran el sistema de pensiones -discurso cierto y avalado en cifras estadísticas- para amenazarles con prácticas y leyes más restrictivas.

Esto da de sí la «democracia» del Estado español. Ante un problema político, nada de soluciones, ilegalización y cárcel. Ante uno social, por las buenas o por las malas, ¡fuera!