«Exigimos acciones institucionales exentas de intereses políticos coyunturales». Así lo reclama la plataforma Lau Haizetara Gogoan por medio de una nota en la que considera «imprescindible» que se cuente con la opinión y participación de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la hora de elaborar iniciativas político-institucionales relacionadas con los fusilados y desaparecidos bajo el régimen franquista.

Esta plataforma recuerda que las iniciativas político-institucionales emprendidas en los últimos treinta años «no han servido para materializar de manera efectiva la verdad, hacer justicia y la reparación de las víctimas de la rebelión militar fascista». Como ejemplo, cita «la llamada Ley de Memoria Histórica, que fue realizada a espaldas de las asociaciones de víctimas del franquismo» y supone «una reedición de la ley del silencio, de punto final, tal como ha sido valorada y denunciada por Amnistía Internacional».

Lau Haizetara Gogoan también constata que en los últimos treinta años las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria han carecido de «impulso e iniciativa propia a la hora de abordar la práctica efectiva de la búsqueda de la verdad, la materialización de la justicia y la reparación».

«Es incomprensible, y en cierta medida indignante -añade-, comprobar que las instituciones vascas se sitúan por detrás de iniciativas como la del juez Garzón, anunciando la entrega de un material sobre desapariciones forzosas y fosas ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, como prueba del compromiso adquirido por el Gobierno Vasco en esta cuestión».

No obstante, y estimando como «procedente» la entrega de dicho material, «aunque objetivamente insuficiente», considera que debe aclararse si el Gobierno de Lakua se va a limitar a informar a la Audiencia Nacional española sobre los resultados de las investigaciones realizadas por Aranzadi, o si hay que interpretar que tiene la intención de personarse como parte «en este, aparentemente, incipiente proceso».

«Si ha sido ésa, desde el principio, la voluntad del actual Gobierno autonómico, ¿cómo debe de entenderse -se pregunta- el hecho de que, contando desde hace años con materiales y pruebas sobre desapariciones forzosas y fosas de fusilados, no se hayan articulado las medidas institucionales y jurídicas oportunas para la depuración de responsabilidades ante tamaña conculcación de derechos, actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad?».

Censo y registro oficial

Lau Haizetara Gogoan teme que «todos estos movimientos son fruto de la improvisación y poses banales en el escenario», y que «en la raíz de esta situación se encuentra la desidia que ha presidido la gestión de los gobiernos autonómicos desde 1979 en cuanto a la resolución de este problema».

Así, recuerda que «ni siquiera existe un verdadero censo y registro oficial de víctimas de la rebelión militar y el régimen franquista impuesto con posterioridad». Por ello, entiende que los materiales en posesión de Lakua, aportados por instituciones científicas y asociaciones de para la recuperación de la memoria histótica, deben servir para constituir «de manera inmediata este censo y registro, «como paso previo necesario para el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía».