Varias personalidades provenientes principalmente del sector económico de Ipar Euskal Herria, encabezadas por el presidente de honor de la Cámara de Comercio e Industria de Baiona, Jacques Saint Martin, interpelaron ayer en Baiona a los responsables políticos de las instituciones afectadas por la nueva línea férrea de Alta Velocidad sobre lo «absurdido» de este proyecto.

El grupo al que han denominado Círculo de Burrunz lleva meses analizando la cuestión y ha decidido manifestar públicamente sus reflexiones tras haberse conocido hace algunos días las previsiones de financiación de la nueva línea que, como remarcaron, «han desconcertado a los propios electos por su exagerada cuantía, estimada en 1.000 millones de euros para el País vasco».

Sin obviar las consecuencias medioambientales que acarrearía la línea férrea, se han centrado en particular en el aspecto económico. Así, Saint Martin subrayó que «se obligará a Lapurdi a contribuir en el coste de una línea que la atravesará de lado a lado, y ante la que en realidad no hará más que padecer sus inconvenientes».

Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y del Consejo de Análisis Económicos que asesora al gabinete del Primer ministro, aseguró que estas entidades han criticado los modos en que se piensan desarrollar estos grandes proyectos «cuya coherencia y rentabilidad son más que dudosas». Además, han evaluado que las previsiones de las necesidades están exageradas en un promedio del 40% y, por contra, el coste de las obras minimizado un 20% de media.

«Incomprensible»

Para los miembros del Círculo, que recordaron que la decisión de construir la nueva línea Sur-Atlántico ha sido tomada únicamente por RFF (compañía propietaria de la red viaria) y la SNCF (compañía de tren) la actitud favorable de la mayoría de electos es «incomprensible». Estiman que ello puede deberse a que muchos de ellos «han hecho la amalgama entre oposición a la nueva línea con oposición al tren de Alta Velocidad» y se han dejado embaucar «por el marketing de las citadas compañías que financiarán sus proyectos con dinero público».

Por ello, han interpelado al subprefecto, al Consejo General, al Consejo de Desarrollo y al Consejo de Electos para ofrecerles sus aportaciones y pedirles que pidan informes fehacientes de las necesidades reales a un gabinete de expertos neutral.