La Ley de Partidos española es una ley expresamente diseñada para la izquierda abertzale y, sobre todo, es una ley ad hoc contra Herri Batasuna y Batasuna. El objetivo político de esa norma era enviar a la clandestinidad al referente político del independentismo vasco, basándose en leyes similares tomadas de países como Alemania o Turquía. Extrañas referencias, se mire por donde se mire, dado que en Alemania el objetivo era evitar el resurgir político del nazismo -cuando en el Estado español la propia Carta Magna buscaba homologar al franquismo- y tomar el caso turco como paradigma dice mucho de las credenciales democráticas del legislador.

Con estos antecedentes y con el desconocimiento que tanto políticos como juristas españoles demuestran a diario sobre la realidad política vasca, no era difícil prever que la mencionada ley pronto supondría más de un quebradero de cabeza para los encargados de defenderla y aplicarla. Si esa ley es ya reprobable en términos jurídicos y democráticos, la torticera aplicación que los poderes del Estado están haciendo de ella es cuando menos asombrosa. En la sentencia de ilegalización de ANV el Tribunal Supremo critica abiertamente uno de sus artículos, el 9.3, referido a la necesidad de «repetición o acumulación» de determinadas conductas para poder ilegalizar un partido. La Sala 61 no duda en «cepillar» ese artículo explicando que esa exigencia de «repetición o acumulación» es poco menos que una forma de hablar.

Seguramente, nadie en el Estado español previó que tras la ilegalización original, la llevada a cabo con Batasuna, la izquierda abertzale ni se iba a evaporar milagrosamente ni se iba a echar en manada al monte. Una vez más, un error de cálculo político indujo a todo un estado a diseñar una estrategia política y jurídica que él mismo iba a tener que enmendar progresivamente al ver que sus objetivos no se cumplían. Y esta conducta sí que se repite hasta la saciedad en la práctica política y jurídica española de los últimos 30 años.