El miércoles 17 de setiembre, veinticinco ciudadanos vascos acudieron a la Audiencia Nacional española para conocer el veredicto condenatorio que se les impuso tanto a ellos como a Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna. Unos pocos fueron absueltos; el resto, condenados a varios años de cárcel. La mayoría quedaron encarcelados inmediatamente después de conocerse el fallo, pero algunos han regresado a casa. Julen Larrinaga es uno de ellos. Está en Euskal Herria, pero no está parado; nada más volver realizaron una comparecencia de denuncia de la condena. Y en esta entrevista transmite a GARA la reflexión que realizan sobre la regresión democrática que padece Euskal Herria. Todo ello, a cinco días de la manifestación nacional convocada para el sábado en Bilbo.

Todos los encausados acudieron a Madrid con el «petate». Algunos se quedaron allí, y otros pudieron volver. Julen Larrinaga fue uno de estos últimos. ¿Cómo se siente?

Bien, porque, claro, yo estoy en la calle, pero eso no puede esconder sensaciones como la indignación ante el contenido de la sentencia y la forma en la que se ha procedido al encarcelar a compañeros que, al fin y al cabo, estaban en la misma situación que el resto. Se ha aducido riesgo de fuga, cuando era evidente que no había ninguno.

Sobre todo, siento indignación con el contenido de la sentencia. En lo jurídico, pero también en lo político. De las tres sentencias que se han emitido hasta ahora tras los macrojuicios políticos en la Audiencia Nacional [antes fueron el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el sumario 18/98], ésta es la más pobre en contenido jurídico, llegando a límites casi insospechados en la individualización de la condena.

En la comparecencia posterior a conocerse la sentencia se denunció que hay personas que han sido encarceladas por referirse a los presos como «presos políticos vascos».

Exactamente. Les basta con habernos reconocido como militante de Gestoras. Y para reforzar ese elemento -porque el Supremo tiene una doctrina en la que sólo con las declaraciones de un procesado no es suficiente-, se recogen aspectos que aparecen en la sentencia: «Se reconoce miembro de Gestoras, pero habla de presos políticos vascos, o que en el Estado español existe la tortura, o denuncia la situación de libertades democráticas». Es ridículo, porque desde el primer día reconocimos que éramos militantes de Gestoras, reconocimos cuáles fueron las razones que nos llevaron a militar y reconocimos cómo hemos militado.

Y para individualizar el delito les vale una conversación telefónica en la que se dice: «La megafonía está atada». ¡Hay que poner eso en una sentencia! Son unos elementos de una pobreza increíble.

Pero el fallo también desestima las acusaciones de Garzón.

Sí, desestima los diez puntos de su teoría del «todo es ETA». Pero dice que hay «una confluencia ideológica», y, en base a ello, dice que Gestoras es parte de ETA.

Llega a una conclusión impresionante: no hay ningún punto de la acusación probado, pero con todos esos elementos sí existe una confluencia ideológica con ETA en un objetivo final, que es «el derrocamiento de España en el País Vasco y la superación del marco constitucional». Pero, y ¿quién no puede estar en esa confluencia? En esos parámetros, cualquiera. Incluso Ibarretxe. Queda abierto todo un abanico de actuación.

Que la sentencia estaba tomada de antemano se venía denunciando desde el primer día...

Tenemos el convencimiento de que responde a una decisión de Estado: Emprender una vía global de criminalización, ilegalización y persecución primeramente contra la izquierda abertzale, pero, con el efecto del acordeón, dejando la puerta abierta para arremeter contra otros sectores del país. Por eso decimos que no se va a romper la cadena de ilegalización; no va a haber un tribunal que plantee lo contrario, porque el Estado no lo va a permitir.

En cierta manera, al rehusar a la clásica defensa jurídica también se abrió una nueva vía, ¿o no es así?

Para que la respuesta vaya en línea ascendente, para una mayor eficacia en la denuncia política, entendimos que no se podían repetir los mismos esquemas. Apostamos por subir el listón y situar toda la carga en la denuncia política, porque pensábamos que, de lo contrario, se alimentaba un debate falso, que es el que le interesa al Estado: ponerte a la defensiva para que tú demuestres que tienes derecho a funcionar políticamente. Y eso es inaceptable. El ejercicio de derechos civiles y políticos no puede ser fiscalizable por un tribunal especial. Queríamos situar el debate ahí, en la ilegalidad de la actuación represiva del Estado.

Además, el primero que tomó mal este rechazo a la defensa jurídica fue el propio tribunal. Le molestó realmente. Se sintió atacado y eso le obligó a jugar a la defensiva, como demostró el primer día de la vista cuando la presidenta cogió la palabra para decir que «aquí no se está juzgando al tribunal ni al Estado, les recuerdo que les estamos juzgando a ustedes». Eso se repite al final del juicio por parte del fiscal, cuando en gran parte de su alegato final se dedicó a desprestigiar nuestra decisión.

Algunos medios españoles han apuntado que la sentencia se escuchó sin protestar. Al parecer, esperaban otra cosa.

En una línea coherente con la decisión que tomamos, independientemente de la lectura que tenemos sobre estos tribunales de excepción, decidimos acudir no para legitimarlo, sino para demostrar por qué tiene que estar cerrada. Jugar en su propio terreno, pero para continuar con la denuncia política.

Sería contradictorio hablar de la Audiencia Nacional durante 30 años y que luego, cuando tenemos la oportunidad de decirlo en el propio tribunal, nos callemos. Fuimos a demostrar que ningún represaliado se va a quedar solo y que seguiremos dando la cara. Se equivoca el que piense que por una sentencia va a desaparecer el movimiento pro-amnistía.

Antes de conocer el fallo afirmaron que supondría un «cheque en blanco a la represión». A la vuelta de Madrid, agregaron que se trata de un «cheque en blanco sin fondos».

Lo decimos porque el Estado sí está haciendo una apuesta para que ese cheque tenga fondos. Tras el proceso, el Estado dice a los interlocutores de Batasuna aquello de «os vais a enterar». ¡Claro que nos estamos enterando! La apuesta que está haciendo es la de cerrar todas las vías políticas y activar una represión brutal sobre el movimiento independentista. Y con un mensaje de decir: «Esto es lo que hay: o se condena a ETA y hacéis política como os digo, o, si no, os queda la nada».

Es en ese sentido en el que el Estado intenta que el cheque tenga fondos: autorizar la represión más brutal como chantaje permanente a las fuerzas soberanistas en su actuación política. Y lo hace planteando además un debate que es falso: «Si condenáis a ETA, podéis hacer política; mientras que no lo hagáis, todos a la cárcel». Se plantea un debate falso, porque intentar hacer una lectura del conflicto sólo bajo la prisma de la lucha armada es algo profundamente equivocado.

Cita la cuestión de la condena a ETA. Ha habido políticos que han criticado que se pida solidaridad con los condenados de Gestoras y no se censure a la organización armada.

Es la consigna-trampa del Gobierno. En primer lugar, porque quiere equiparar la violencia de ETA con la del Estado, cuando no tienen nada que ver. ETA es clandestina y no está ligada a ningún órgano de gobierno. El Gobierno, supuestamente, tiene un margen de actuación democrático y debe estar sometido a unos poderes de control, y tiene recursos como los jueces, las policías o el Ejército. La violencia de Estado es mucho más inmoral éticamente y criticable democráticamente que cualquier práctica de una organización clandestina. Es inadmisible que se equipare la práctica de la tortura de un Estado con la violencia de una organización clandestina. Nosotros denunciamos las conculcaciones de derechos de un órgano de poder.

¿Por qué afirman que se legitima la represión?

Ellos hablan de que «hay que abrir una era de deslegitimación de la violencia». Eso, para nosotros, es un eufemismo de legitimación de la represión. Así, se plantea un eje ideológico que es la actuación del Estado de Derecho, dando por supuesto que eso existe. ¿Y cómo se produce esa actuación? Crean una alarma social, a nivel ideológico, con los medios de comunicación, y después cambian las leyes. Y lo hacen porque dominan el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Se acogen a una cobertura ideológica y actúan por vía legal. Desde 1997, por ejemplo, ha habido alrededor de veintisiete cambios en la legislación penal. Y a eso le llaman Estado de Derecho.