Los ecuatorianos tenían ayer una cita histórica con las urnas. Por ello, su presidente, Rafael Correa, les pidió que votasen con «ilusión, alegría, esperanza y fe en nosotros mismos». Incidió en que «más allá de la opción que prevalezca en las urnas, este día será la gran victoria de la democracia y el pueblo».

En un breve balance de lo ocurrido desde abril de 2007, cuando los ecuatorianos se pronunciaron «abrumadoramente» a favor de la Asamblea, resaltó que fueron las elecciones «más democráticas porque, por primera vez en la historia, tuvieron representación los inmigrantes y se puso de manifiesto la equidad de género así como la igualdad de espacios en los medios de comunicación».

«Dicha Asamblea duró ocho meses, tiempo máximo otorgado en el mandato ciudadano, con sesiones públicas debidamente registradas y firmadas, tiempo en el que elaboró el nuevo proyecto constitucional», recordó Correa.

«La decisión que tomará hoy -por ayer- el pueblo definirá el modelo de sociedad en el que viviremos en el futuro», destacó en la apertura de los colegios electorales. La consulta, insistió «es el reflejo de una patria e incluso de una América Latina en plena democracia e, incluso, en plena ebullición».

En cuanto al desarrollo de la jornada, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, subrayó que el día estaba transcurriendo con «tranquilidad y serenidad».

Tanto el Gobierno como la oposición centraron su atención en la votación de la ciudad de Guayaquil, la más poblada de Ecuador y considerada como bastión de los opositores. Correa viajó hasta allí para seguir de cerca el recuento de votos.

El alcalde guayaquileño, el derechista Jaime Nebot, ha protagonizado una campaña activa contra el «no» a la Constitución que, en su opinión, «es contraria a la libertad, totalitaria, centralista y peligrosa en lo económico porque recoge modelos que causan desempleo y carestía de la vida». Las acusaciones e imputaciones a Correa han sido el eje central de su discurso.

Evitar la inestabilidad

La nueva Constitución, que tanta ira ha generado en las filas de la oposición derechistas y en sectores conservadores, consta de 444 artículos.

En rasgos generales, al Estado le otorga un mayor poder sobre la economía, reservándole el derecho a «planificar el desarrollo del país». La figura del presidente también sale reforzada. Podrá optar a dos mandatos consecutivos de cuatro años y, en caso de crisis, podrá disolver la Asamblea Nacional con la condición de que, inmediatamente, convoque elecciones.

Con esta disposición, Correa intenta evitar la inestabilidad política, habida cuenta de que en diez años, tres presidentes fueron depuestos.

Asimismo, la nueva Carta Magna consolida el principio de gratuidad de los servicios sanitarios y educativos, algo fundamental para Ecuador ya que el 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Enfado de la Iglesia

Dos de sus artículos han provocado el malestar de la jerarquía de la Iglesia católica, al considerar que favorecen el aborto y el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales.

El primero establece que «los ciudadanos son libres de tomar sus propias decisiones en materia de salud y reproducción y, sobre todo, cuándo quieren tener hijos y con quién».

El segundo resalta que «la unión estable y monógama de dos personas tendrá los mismos derechos y deberes que las parejas casadas». Los sectores eclesiásticos han puesto el grito en el cielo por ambos artículos.

En el campo de las relaciones exteriores, prohíbe la presencia en territorio ecuatoriano de bases militares extranjeras. El próximo año expirará el acuerdo firmado con Washington, por el que desde 1999 Estados Unidos puede utilizar una base militar ecuatoriana para «operaciones antidroga» en la región.