La izquierda abertzale ha venido planteando que las compensaciones económicas que propone la Diputación de Araba «no deben hacer olvidar las responsabilidades políticas y penales de los culpables y responsables del 3 de marzo de 1976, que hay que seguir reclamando». En este sentido, en el pleno de control del mes de marzo de este año exigieron al diputado general el cumplimiento de las diferentes mociones, que exigían, entre otras cuestiones, el resarcimiento económico «a todos los trabajadores damnificados en aquellos gravísimos sucesos».

«Aunque puede reconocerse que el señor Agirre ha cumplido con los plazos a los que se comprometió en aquel pleno de control -recuerda-, cabe señalar que la norma tramitada tiene importantes lagunas, como puede ser la de no reconocer como contingencia indemnizatoria el haber sufrido cárcel o represión en aquellas fechas».

Pero la carencia más importante, a juicio de la izquierda abertzale, es que la propuesta de Xabier Agirre «olvida el reconocimiento del impagable trabajo y dedicación de las víctimas del 3 de marzo, que durante estos 32 años han mantenido viva la memoria de aquellos sucesos».

A este respecto, constata que ello les ha supuesto «un largo camino en solitario, aun a costa de sufrir nuevos episodios de represión, como los acontecidos en marzo de 2006, e injustas peticiones de penas de cárcel, como las que en la actualidad han sido solicitadas para algunas de esas personas».

Los junteros de la izquierda abertzale critican que la Diputación «olvida todo esto, y mientras con una mano reparte medallas y ofrece compensaciones, con la otra ampara, oculta y olvida las actuaciones de la Consejería del Interior del Gobierno Vasco, muy probablemente porque es el mismo partido, el PNV, el responsable político tanto de lo sucedido en 2006 como de las consecuencias judiciales que se están derivando de la carga de la Ertzaintza en la manifestación conmemorativa del 3 de marzo de hace dos años».

Enmiendas al proyecto

Por todo ello, la izquierda abertzale ha presentado diversas enmiendas al proyecto presentado por la Diputación, al objeto de que, además del resarcimiento económico que se plantea, se tenga en cuenta el reconocimiento del trabajo realizado por las víctimas en estos más de 32 años. Del mismo modo, solicita «la reparación de todos los perjuicios sufridos en el largo camino recorrido para mantener viva la reivindicación y la memoria de lo sucedido el 3 de marzo de 1976».